A diez meses del inicio de la investigación sobre una propiedad en Pilar vinculada a dirigentes de la AFA, tribunales federales aún no definen qué juzgado debe intervenir. En los últimos días se detuvo a un financiero y se pidió investigar transferencias recibidas por Claudio Tapia.
La investigación sobre una quinta en Pilar, valuada en unos 25 millones de dólares y presuntamente vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cumple diez meses sin que se haya definido qué tribunal debe intervenir. El expediente, que incluye sospechas de lavado de dinero y administración fraudulenta, ha pasado por recursos, excusaciones y conflictos de competencia entre juzgados federales.
En los últimos días se conocieron dos medidas judiciales. El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, una financiera allegada a la AFA, por lavado de dinero. Por otro lado, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó investigar transferencias por 1,5 millones de pesos y 200.000 dólares que recibió Claudio Tapia del Sindicato de Camioneros y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). A raíz de ese pedido, el juez federal Ariel Lijo ordenó un exhorto a Suiza.
La propiedad en Pilar es solo una parte de una investigación más amplia sobre el destino de fondos de la AFA. Según el texto original, los tribunales estarían más abocados a dirimir la competencia que a esclarecer los hechos. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó a mediados del corriente mes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine qué juzgado debe quedarse con el expediente.
El texto original sostiene que la parálisis judicial favorece el deterioro de las pruebas y alimenta la desconfianza pública. Asimismo, señala que las garantías procesales no deben convertirse en coartadas para la impunidad y que la Justicia debe investigar con independencia y diligencia.