El Consejo Interuniversitario Nacional anunció la movilización para el 15 de octubre en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario, un día después de que la Justicia Federal declarara inconstitucional el decreto que frenó su ejecución.
Los rectores de universidades nacionales reunidos en el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron este miércoles a la Quinta Marcha Federal del sector para el próximo jueves 15 de octubre. El anuncio se realizó desde el Cabildo, frente a la Plaza de Mayo, luego de que la lluvia impidiera la realización de la actividad en las inmediaciones de la Casa Rosada.
La convocatoria se produjo a 24 horas de conocerse un fallo de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N° 759/2025 mediante el cual el Gobierno nacional frenó la aplicación de la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial del año anterior.
Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, fue el primero en tomar la palabra tras la ejecución del Himno Nacional. «Es insólito que hayamos llegado a este punto y todavía no tenemos respuesta. Un ensañamiento del Gobierno con la universidad pública y el sistema científico y una obstinación por mantenerse al margen de la ley», declaró.
Bartolacci agregó: «Ya no es solo que tenemos que marchar por lo que el Gobierno está haciendo, creo que tenemos que hacerlo para resguardar la calidad democrática del país. Hoy puede ser la ley de financiamiento, mañana puede ser cualquier otra. No está bien que la ley se cumpla solamente cuando les gusta. Eso no es la democracia, es la ley de la selva y es responsabilidad nuestra resguardar nuestra institución».
El rector destacó que el acto se realizó pocas horas después de conocerse el fallo judicial y consideró que la decisión es relevante en el contexto de la discusión del presupuesto 2027. La Justicia Federal había exigido el martes la aplicación inmediata de la norma aprobada por el Congreso.
El juez Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto gubernamental y sostuvo que la estrategia del Ejecutivo funcionó como un «mecanismo extraconstitucional» y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional.
En cuanto al presupuesto 2027 presentado por el Gobierno, este mantiene los valores del período 2024-2026, lo que representa un 24,9% menos en términos reales que el presupuesto 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El proyecto estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año próximo, mientras que los rectores habían señalado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones.
Bartolacci repasó el recorrido de la ley de financiamiento: en 2024, el presidente Javier Milei vetó una iniciativa similar y el Congreso no la sostuvo. La norma fue aprobada finalmente por el Congreso el 22 de agosto del año pasado, luego vetada por el Presidente y ratificada por ambas cámaras. Posteriormente comenzó la disputa judicial. «¿Qué más hay que hacer para encontrar respuesta? El daño se lo hacen a su país en su conjunto. Si hay que ir una y mil veces a las autoridades vamos a ir, al Congreso y a la Justicia y vamos a llenar las plazas de la República», afirmó.
El rector concluyó: «Se trata de que los que tuvimos la posibilidad de formarnos en la universidad y con eso crecer, cuando estamos arriba no pateemos la escalera. Uno puede tender la mano para que suban los que vienen o puede patearla para que no suba nadie más. Este país definió, hace ya mucho tiempo, que todos los que tenemos la posibilidad de subir cuando llegamos, tendemos la mano para que vengan otros y nuestra responsabilidad es cuidar la universidad para los que vengan».
En el acto también habló Anselmo Torres, vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Participaron de la convocatoria representantes de agrupaciones gremiales y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi.
Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), sostuvo: «Vamos a defender al país, a los estudiantes y a cada uno de los argentinos de bien que hacen el esfuerzo para llegar a fin de mes, a los endeudados por las fintech que se llenan de plata. Pero principalmente el 15 es en defensa de la democracia. El Ejecutivo no puede decir qué ley cumple y cuál no».
Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de la Unión de Trabajadores de la Educación y la Confederación de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), agregó: «Reflejamos un modelo de país que este Presidente está tratando de destruir. Festejo que estemos todos juntos acá, con este frente y con todos los sectores que convocamos para el 15. Frente a la crueldad, contestamos con unidad».
El frente de universidades se conformó con la primera marcha universitaria, cuando gremios y rectores convocaron a «defender la universidad pública» en la primera gran movilización contra la administración de Milei.
También estuvieron presentes Clara Chevalier y Francisca Staiti, secretarias generales de Conadu y Conadu Histórica, respectivamente; Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), entre otros.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cerró: «La sociedad no va a salir a defender a las universidades, lo que va a defender es un derecho que considera propio, que es la educación pública».