El jefe de Gobierno porteño presentó una iniciativa que modifica la Ley 1.472 y la Ley 12, incorpora nuevas contravenciones y adapta la normativa local al Régimen Penal Juvenil nacional.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña un proyecto para reformar el Código Contravencional (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12). La iniciativa ingresó este miércoles al Palacio de la calle Perú, según informaron fuentes oficiales.
El proyecto prevé aumentar multas, trabajo de utilidad pública y días de arresto; ampliar las herramientas para asegurar el cumplimiento de las sanciones; e incorporar nuevas faltas relacionadas con la convivencia urbana y la protección digital. Los cambios alcanzan a adolescentes de entre 14 y 17 años, al adaptar la normativa local a la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil que entró en vigencia el mes pasado.
Entre las modificaciones, se establecen multas de más de $7 millones por conducir alcoholizado, de hasta $58 millones por venta ilegal en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes. También se suman sanciones por acoso callejero, estafas digitales y portación de elementos destinados a provocar disturbios.
El proyecto incorpora nuevas contravenciones, como seguimiento o acecho en vía pública; obtención de credenciales mediante engaños digitales; organización de compraventa informal masiva en el espacio público; comercialización de datos personales; portación de dispositivos de interferencia de señales; y manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público.
Asimismo, amplía sanciones accesorias en eventos masivos, tránsito, apuestas y protección animal. En el caso de ruidos molestos, los días de tareas de utilidad pública pasan de 1 a 5 a 3 a 15, las multas aumentan de 100 UF ($117.308) a 600 UF máximo ($703.848) y se agrega la posibilidad de hasta 10 días de arresto. Para conducir alcoholizado, las multas pasan de 300 a 2.000 UF ($350.000 a $2.350.000) a 1.000 a 6.000 UF (más de $7.000.000), el arresto de 1 a 10 días a 5 a 30 días y la inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años a 6 meses a 4 años. Por actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, las multas pueden llegar hasta 50.000 UF ($58.654.000), cuando actualmente el monto máximo es menor a $15 millones.
También se sancionará a quien suplante la identidad de agentes de autoridad en espacios públicos; financie contravenciones reiteradas o agrupaciones contraventoras; sea portador o distribuidor de materiales aptos para disturbios, con multas de hasta $9.384.640 o hasta 45 días de arresto y comiso de los elementos; y entorpezca los sistemas de videovigilancia pública, con multas de hasta $4.692.320 o 30 días de arresto, y reparación del dispositivo como sanción accesoria obligatoria.
La reforma suprime la condena en suspenso y, para adultos, excluye la suspensión del proceso a prueba como solución alternativa. El plazo general de prescripción de la acción continúa en dos años. Para los adolescentes se mantiene la probation, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, reparación del daño y continuidad escolar.
Respecto de los reincidentes, se agravan las sanciones y se considerará reincidentes también a quienes tengan el hábito de cometer faltas similares en el espacio público. El proyecto crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público. Los reincidentes no podrán cumplir arresto domiciliario, salvo excepciones fundadas. Se establece un endurecimiento de la pena en un 50% para la primera reincidencia, un 66,6% para la segunda y un 100% para la tercera. Para los trapitos que extorsionan a los automovilistas, los días de arresto aumentarían de 60 hasta 90 en caso de reincidencia.
En cuanto a los adolescentes, desde el Gobierno de la Ciudad afirmaron que la reforma significa «un cambio estructural». Explicaron que actualmente, como regla general, los menores de 18 años «no son punibles contravencionalmente, salvo las excepciones vinculadas con el tránsito». La reforma se adapta al nuevo Régimen Penal Juvenil pero «no traslada a los adolescentes el mismo esquema sancionatorio de los adultos».
La iniciativa fija la imputabilidad desde los 14 años, pero aclara que no pueden ser detenidos y deben tener una defensa especializada. Pueden ser responsabilizados por las contravenciones previstas en el Código, bajo un régimen diferenciado orientado a la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente. Las sanciones y medidas posibles incluyen amonestación formal en audiencia, acompañamiento periódico por equipos interdisciplinarios, asistencia a programas educativos, medidas para sostener o completar la escolaridad obligatoria, capacitación laboral si terminó el secundario, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y aptitudes, sin afectar la escolaridad ni el trabajo.
El ministro de Justicia, Gabino Tapia, explicó los alcances del proyecto: «Buscamos sancionar el phishing, los deepfakes y el acecho, y que quienes tienen entre 14 y 17 años respondan por sus contravenciones». Y agregó: «No vamos a mirar para otro lado. En la Ciudad hay consecuencias».
Jorge Macri sostuvo: «Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad». Y añadió: «No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Con este nuevo Código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos».