El diputado nacional Maximiliano Ferraro afirmó que Harbour Energy, antes Premier Oil PLC, integra con un 15% el proyecto Southern Energy, beneficiado por el RIGI, pese a una inhabilitación vigente hasta 2028.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, afirmó a través de sus redes sociales que la empresa petrolera Harbour Energy, antes denominada Premier Oil PLC, accedió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo el nombre de Southern Energy.
Según el legislador, Harbour Energy participa con el 15% en el consorcio Southern Energy, al que el Gobierno aprobó beneficios del RIGI mediante la Resolución 559/2025. La empresa fue inhabilitada en 2013 por la Resolución 481, basada en la Ley 26.659, por operar sin autorización en la plataforma continental cercana a las islas Malvinas. La sanción tiene vigencia hasta 2028.
Ferraro señaló que en 2021 la compañía Premier Oil cambió su denominación a Harbour Energy. Sostuvo que la Ley 26.659 prohíbe operar en el mar argentino sin habilitación tanto a la empresa como a sus accionistas, y que su artículo 5 prohíbe al Estado contratar con esas empresas, sus controladas o sus accionistas.
“El Estado argentino inhabilitó a Premier Oil hasta 2028 por violar la Ley 26.659. Hoy, esa misma empresa, bajo el nombre de Harbour Energy, integra con un 15% de participación accionaria a Southern Energy, el consorcio al que el Gobierno le aprobó los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro”, escribió Ferraro en su cuenta de X.
El diputado exigió explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno sobre cómo se aprobó el proyecto sin advertir la inhabilitación. “Ningún acto administrativo puede ignorar una prohibición vigente”, declaró.
Ferraro también mencionó que, tras una conferencia de prensa del presidente Javier Milei, el Gobierno anunció una ofensiva contra empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas y confirmó que buscará sancionar a 45 empresas y personas.
“La Ley 26.659 no prohíbe únicamente operar en el mar argentino sin habilitación. Su artículo 2 prohíbe esa conducta a la empresa que opera y también a sus accionistas. Y su artículo 5 va más lejos: prohíbe al propio Estado contratar con esas empresas, sus controladas o sus accionistas”, concluyó el diputado.