El Gobierno argentino acelera acciones sobre Malvinas con respaldo de inteligencia y presión internacional

La administración de Javier Milei intensificó su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas a partir de un informe de la SIDE, declaraciones de Donald Trump y el anuncio de sanciones contra empresas petroleras. Los decretos 867/2026 y 868/2026 establecen un nuevo marco regulatorio y procesos sancionatorios.

El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, retomó la centralidad en el debate público mediante el endurecimiento del reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. Según fuentes de la Casa Rosada, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) elaboró un informe sobre empresas que operan en el entorno de las islas, lo que motivó una respuesta oficial.

El viernes 5 de septiembre de 2026, el diario The Telegraph informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionaba al Reino Unido para modificar su posición sobre las islas. Posteriormente, Trump declaró que Inglaterra «se está portando mal» como socio en la OTAN. Estas declaraciones coincidieron con la cadena nacional emitida por Milei el jueves anterior.

El martes, el asesor presidencial Santiago Caputo repasó los detalles de la cadena nacional en una reunión de gabinete, con la participación del canciller Pablo Quirno. El viernes, el Gobierno publicó los decretos 867/2026 y 868/2026, que reestructuran partidas presupuestarias y establecen un nuevo marco de control para actividades hidrocarburíferas. Además, se anunciaron procesos sancionatorios contra 45 empresas y accionistas extranjeros que operan en Malvinas.

Entre las empresas señaladas se encuentran Navitas Petroleum Development y su subsidiaria Navitas Petroleum Atlantic Limited, así como Rockhopper Exploration Limited (Hydrocarbons) y Rockhopper Exploration Limited (Oil), todas del Reino Unido. Estas compañías están vinculadas al proyecto Sea Lion, que prevé iniciar perforaciones en los próximos meses y extraer petróleo en 2028.

El Gobierno también informó gestiones de la Cancillería y YPF que derivaron en comunicados de las empresas SLB, Halliburton y Baker Hughes, conocidas como el «Big Three» del sector petrolero. Las tres compañías, que representan más del 50% del mercado de servicios petroleros, emitieron declaraciones el sábado en las que indicaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas ni en sus espacios marítimos circundantes.

En cuanto a las sanciones, fuentes oficiales indicaron que se enviarán notificaciones con advertencias de penalidades a las compañías y accionistas incluidos en el listado. El proyecto de ley anunciado por Milei para el Congreso aún no ha sido redactado, según fuentes consultadas.

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