El último año registró un aumento de 2,3 millones de morosos según datos del Banco Central. El Ministerio de Economía atribuye la situación a quienes especularon con una devaluación. La UCA estima que la pobreza se mantiene en torno al 30%.
El análisis económico argentino actual presenta, por un lado, indicadores macroeconómicos que muestran un saneamiento de las cuentas públicas y un ordenamiento del Banco Central; por otro, una persistente falta de bienestar en sectores de la población. La coexistencia de ambos fenómenos plantea un interrogante sobre el modelo económico aplicado por el gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con datos oficiales del Banco Central, en el último año se incorporaron más de 2,3 millones de nuevos morosos al sistema financiero. Actualmente, 5,8 millones de personas tienen atrasos superiores a los 90 días en sus obligaciones, lo que representa cerca del 28% del total de deudores del país.
Ante esta situación, un porcentaje considerable de familias recurrió al financiamiento informal. Reportes de inteligencia y análisis de coyuntura indican que, en los sectores más postergados del conurbano bonaerense, se multiplicaron los crímenes contra deudores enviados por prestamistas y usureros de barrio.
El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, calificó de «especuladores» a quienes quedaron atrapados en el endeudamiento, argumentando que apostaron a una devaluación que no ocurrió. Además, desde el Poder Ejecutivo se utilizaron descalificaciones hacia economistas, analistas y sectores críticos, a quienes se tildó de «tarados» o «terroristas encubiertos».
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), confirmó que la pobreza real se ubica en torno al 30% en la primera parte del año, sin las caídas drásticas anunciadas desde el oficialismo, y mostró un deterioro particular en los sectores medios.
El periodista Carlos Pagni advirtió sobre el peligro de la «rigidez tóxica» en la gestión oficial. Las mediciones de opinión más recientes indican que las limitaciones del poder adquisitivo del salario y la angustia financiera diaria pasaron a preocupar más a la población que los hechos de corrupción.
El gobierno perdió puentes de interlocución política e institucional, según analistas, lo que acentúa un problema de comunicación con la sociedad. La gestión económica requiere flexibilidad y sensibilidad táctica, señalan expertos.