El gobierno jordano ejecutó a seis convictos, tres por terrorismo y tres por narcotráfico, en la primera aplicación de la pena capital desde 2021, mientras que más de 100 personas permanecen condenadas a muerte y se prevén nuevas ejecuciones.
Amán, 23 jun (EFE).- Jordania reanudó la aplicación de la pena capital con la ejecución de seis convictos, tres por terrorismo y tres por narcotráfico, en la primera acción de este tipo conocida desde 2021, según reportaron Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. El gobierno jordano indicó que la última ejecución pública había sido en 2017, cuando se aplicó la pena a 15 convictos.
Los ejecutados fueron Mahmoud N.M. y Anas A.A.S., vinculados al caso «Célula de Salt», una red responsable de un atentado en 2018 que causó la muerte de seis miembros de las Fuerzas de Seguridad en la ciudad de Salt, a 30 kilómetros al noroeste de Amán. También fue ejecutado Mansour M., condenado por la muerte del general de brigada Abdul Razzaq al Dalabih en 2022.
El ministro de Comunicaciones jordano, Mohamed Momani, confirmó que las sentencias fueron emitidas por el Tribunal de Seguridad del Estado, una institución judicial militar y de excepción que juzga casos de terrorismo, espionaje, traición, narcotráfico y seguridad nacional, donde pueden ser procesados civiles y militares. Momani añadió que más de 100 personas están condenadas a muerte en el país y que sus sentencias «se ejecutarán gradualmente de acuerdo con los procedimientos legales y judiciales establecidos».
El primer ministro jordano, Jafar Hasan, afirmó en una rueda de prensa que el gobierno trabaja en un plan para introducir enmiendas que «ampliarían el alcance de la pena de muerte para incluir a categorías más amplias de narcotraficantes, y a quienes estén involucrados con bandas extranjeras y redes de contrabando organizadas que amenacen la seguridad nacional».
La abogada jordana y activista de derechos humanos Hala Ahed declaró a EFE que la pena de muerte «no es un medio adecuado ni de eficacia comprobada para disuadir el crimen» y consideró que su restablecimiento representa un «retroceso respecto a la moratoria sobre ejecuciones que Jordania había mantenido durante un largo período». Ahed sostuvo que esta acción tiene una dimensión «más punitiva y vengativa» que una política penal efectiva, y subrayó que para hacer frente al terrorismo y el narcotráfico es necesario «abordar sus raíces sociales, económicas y políticas, y fortalecer las políticas de prevención, justicia y desarrollo, además de las medidas de seguridad y legales».
El experto en seguridad jordano Bashir al Daaya afirmó a EFE que las ejecuciones se justifican por la «escalada» que el reino ha sufrido en términos de seguridad, relacionados con «el terrorismo y el narcotráfico en los últimos años, particularmente en sus fronteras del norte», que lindan con Siria. Al Daaya sostuvo que «la ejecución de estas sentencias no constituye una violación de las obligaciones internacionales siempre que se lleve a cabo de conformidad con los procedimientos judiciales y constitucionales».
En redes sociales, los comentarios han sido mayoritariamente a favor de la imposición de la pena capital. Un usuario en X, identificado como Raafat al Zoubi, afirmó que se actuará «con mano dura contra cualquiera que se atreva a atacar a los protectores de la patria». Otro usuario, identificado como Abu Raka, declaró: «sí a la pena de muerte como castigo terrenal para todos los terroristas» y espera que la ley se modifique para «incluir la pena de muerte para los narcotraficantes».
Jordania mantiene una postura conservadora respecto a la pena capital, cuyas raíces legislativas se encuentran en el Código Penal de 1960, fundamentado en la Constitución jordana de 1952.