La ministra de Igualdad, Ana Redondo, informó en el Congreso que su departamento recibió denuncias sobre pseudoterapias de conversión dirigidas a personas LGTBIQ+. Algunas denuncias de la Comunidad Valenciana están bajo investigación y se abrió un expediente sancionador.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, informó este miércoles en el Congreso que en los últimos meses su departamento recibió denuncias relevantes, tanto individuales como colectivas, sobre el uso de pseudoterapias de conversión dirigidas a personas LGTBIQ+. Redondo detalló que algunas denuncias de la Comunidad Valenciana ya están bajo investigación y que esta semana se abrió un expediente sancionador, según informó la agencia EFE. Estas prácticas están prohibidas por ley.
La ministra respondió así a la diputada Águeda Micó i Micó, del Grupo Mixto, que le preguntó sobre el apoyo a las víctimas de estas prácticas. Redondo aseguró que el Gobierno inició los procedimientos y que continuará el proceso hasta el final: “Estamos intentando recomponer una situación que no se debería haber producido jamás, porque se trata de reconocer a la gente como es, de mirar a los ojos a las personas y aceptarlas como son. No de intentar cambiar a nadie porque nadie tiene por qué ser cambiado, menos forzosamente”, explicó.
A lo largo de esta tarde, la comisión de Igualdad debatirá un dictamen para modificar el Código Penal y sancionar las terapias de conversión que buscan eliminar o negar la orientación sexual, identidad o expresión de género. Antes de esa votación, la diputada de Compromís solicitó a Redondo que algunas de las enmiendas propuestas desde su grupo, y que cuentan con apoyo de la sociedad civil, se incluyan en el texto final. Estas enmiendas buscan que la ley contemple alternativas de vivienda y ayudas económicas para las víctimas, en su mayoría menores sometidos a estas terapias por decisión de sus propias familias. Micó cuestionó la negativa del PSOE a incorporar estas propuestas y consideró que el enfoque actual es insuficiente: “No basta con aprobar una ley, tenemos que ir más allá”, afirmó.
Redondo defendió la firmeza del Ejecutivo en el avance de los derechos LGTBI+ y subrayó que la estrategia del Gobierno es global y transversal. “No son promesas vacías; el objetivo es que las medidas sean eficaces y generen confianza entre quienes han sufrido estas prácticas”.
En 2025, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentó una denuncia ante el Ministerio de Igualdad contra varias diócesis españolas —entre ellas las de Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá de Henares y Sigüenza—, además de personas físicas, una empresa y una fundación, por presuntamente promover y acoger eventos donde se proponen terapias de conversión para personas LGTBI “basadas en la castidad y la práctica religiosa” con el objetivo de cambiar su orientación sexual. Según explicó el presidente de esta asociación, Saúl Castro, estos grupos promueven una visión estigmatizante y denigrante de la homosexualidad y las identidades LGTBI, de forma que proponen la castidad absoluta y la realización de prácticas religiosas diarias —como leer la Biblia, rezar el Rosario, asistir a misa o confesarse— con la idea de que la homosexualidad no responde a una orientación sexual natural, sino que sería consecuencia de traumas vividos durante la infancia.
En España estas prácticas están prohibidas por ley: sanciona la promoción de programas o métodos de modificación de la orientación sexual de las personas LGTBI, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, al igual que la norma no permite la convocatoria de eventos públicos o actividades dirigidas a incitar a la comisión de otras infracciones tipificadas en la ley.