El expediente en Miami apunta al exministro de Defensa cubano por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, mientras el DOJ espera el aval de un gran jurado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) prevé avanzar este miércoles 20 de mayo en Miami, Florida, con una acusación penal contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años. La investigación apunta a su presunta responsabilidad en la orden de derribar dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque ocurrido en espacio aéreo internacional, en el que murieron cuatro tripulantes y cuyo eventual avance aún requiere la aprobación de un gran jurado federal.
De acuerdo con informes publicados por CNN y El País, los fiscales federales de Miami redactaron el primer borrador de una acusación formal contra Raúl Castro a mediados de la década de 1990. En un principio, esos esfuerzos tomaron como base jurídica el procesamiento del líder panameño Manuel Antonio Noriega, condenado en 1992 en un tribunal estadounidense por cargos de crimen organizado y narcotráfico. El exfiscal federal de Miami, Guy Lewis, quien participó directamente en el juicio contra Noriega, recordó a CNN el impacto de aquel antecedente: “Tras el caso Noriega, redoblamos francamente nuestros esfuerzos para que este caso avanzara”. Lewis detalló que las indagaciones preparatorias permitieron reunir elementos que vinculaban a Raúl Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— con presuntos contactos con cárteles colombianos. “Creíamos que existían fundamentos suficientes para avanzar”, sostuvo el exfiscal, según reconstruyó CNN. Pese a ello, las intenciones de presentar cargos en esa etapa se detuvieron luego de que el diario Miami Herald filtrara la existencia del borrador de la acusación.
El 24 de febrero de 1996, aviones de combate cubanos derribaron dos aeronaves Cessna 337. En el ataque murieron los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, junto al residente legal Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados en el Estrecho de Florida. Investigaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional determinaron que el derribo ocurrió fuera del espacio aéreo cubano, a unas diez millas náuticas del límite territorial. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos catalogó el hecho como una ejecución extrajudicial y apuntó a la cadena de mando cubana. Tras el incidente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) desmanteló la Red Avispa, una estructura de espionaje vinculada al gobierno cubano que operaba en Florida. En 2001, su líder, Gerardo Hernández, fue condenado por conspiración para cometer asesinato, después de que la fiscalía sostuvo que los espías habían alertado a La Habana sobre los vuelos de Hermanos al Rescate. Hernández fue liberado en 2014 en un intercambio de prisioneros durante la gestión de Barack Obama. Sobre aquella decisión, Lewis cuestionó a CNN: “Fue como escupirle en la cara a estas familias y a la memoria de estos hombres”.
Según reconstruyeron CNN y El País, la investigación penal se reactivó tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016. Un memorándum de siete páginas elaborado por Guy Lewis ese año sirvió como base para reactivar el expediente. “Este caso nunca debió archivarse”, afirmó Lewis en declaraciones citadas por CNN. Figuras de la actual administración, como el secretario de Estado Marco Rubio, respaldaron el avance del caso. El movimiento judicial se produce meses después de que los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez solicitaran formalmente al Departamento de Justicia la presentación de cargos contra Castro en el marco del 30º aniversario del ataque. En esos actos conmemorativos, Miriam de la Peña, madre de una de las víctimas, indicó: “Nosotros no estamos buscando venganza. Por lo menos de mi parte, estoy buscando que el pueblo de Cuba pueda vivir en paz”. Por su parte, David Buckner, uno de los fiscales vinculados al caso, sostuvo a CNN que las evidencias acumuladas apuntan a una presunta planificación del ataque. “Esto no fue un hecho aislado, no fue algo impulsivo, fue un homicidio planeado. Su objetivo era intimidar al pueblo de Cuba”, concluyó.