Tras tres semanas de acampada en Madrid, algunos participantes se bañaron en la fuente de la plaza, lo que generó advertencias de las autoridades sobre salubridad y daños al patrimonio.
La Puerta del Sol, epicentro de las protestas por la crisis de la vivienda en España, registró este jueves una escena en la que algunos de los manifestantes que llevan tres semanas acampados en la plaza convirtieron una de sus fuentes en una pileta improvisada, con colchonetas inflables incluidas. Las imágenes, difundidas por el diario español El Mundo, muestran a varios jóvenes refrescándose en la fuente que rodea la estatua ecuestre de Carlos III, uno de los monumentos más reconocibles de la capital. Algunos se introdujeron en el agua con inflables, mientras otros permanecieron sentados en los bordes, con los pies sumergidos.
El episodio ocurre en medio de un creciente enfrentamiento con las autoridades, que exigen el desalojo del lugar por motivos de seguridad y salubridad. La normativa municipal de Madrid prohíbe expresamente bañarse en fuentes y estanques públicos, así como utilizar sus aguas para la higiene personal o el lavado de objetos. Según informó El Mundo, el Ayuntamiento ya impuso 180 multas vinculadas con la acampada, de las cuales 76 corresponden a infracciones relacionadas con el consumo de alcohol y drogas y otras 104 a cuestiones de limpieza. El periódico también publicó fotografías de la estatua de Carlos III con una pintada en inglés que exige la salida de los turistas.
La vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, denunció este jueves el deterioro del espacio público y advirtió que el municipio evaluará los posibles daños en la fuente, el mobiliario urbano y la placa del kilómetro cero, uno de los símbolos turísticos de la ciudad. El gobierno municipal también cuestiona la instalación de estructuras sujetas a farolas y otros elementos de la plaza, además de la acumulación de residuos. Las autoridades sostienen que las condiciones de la protesta representan riesgos para la seguridad y reclaman una intervención de la Delegación del Gobierno.
La batalla por el desalojo
La controversia por la fuente se produce en medio de una ofensiva política y administrativa para poner fin al campamento, instalado frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. La administración de Isabel Díaz Ayuso volvió a exigir este jueves al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ordene el desalojo de los manifestantes. Esta vez, el reclamo estuvo acompañado por nuevas advertencias sobre las condiciones sanitarias de las instalaciones del Metro.
El consejero regional de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, envió una comunicación en la que denunció la presencia de orina, excrementos y otros desechos orgánicos en pozos y conductos de ventilación próximos a la estación de Sol. De acuerdo con un informe técnico citado por las autoridades regionales, las mediciones detectaron niveles de amoníaco equivalentes al 80% del límite de exposición laboral, una situación que, según el gobierno madrileño, requiere tareas urgentes de limpieza y desinfección. El Ejecutivo autonómico también alertó que la ocupación de una parte importante de la plaza podría dificultar las evacuaciones de pasajeros o el ingreso de equipos de emergencia ante un eventual incidente en el transporte subterráneo.
Las advertencias se suman a las denuncias anteriores del Ayuntamiento sobre obstáculos a la circulación, acumulación de basura y posibles daños al patrimonio histórico. La Delegación del Gobierno, dependiente del Ejecutivo nacional, no ha ordenado hasta ahora el levantamiento de la protesta.
La crisis de vivienda entra en campaña
Detrás de las escenas en la fuente y de la controversia por las condiciones sanitarias persiste el motivo que llevó a miles de personas a movilizarse. El creciente malestar por el costo de la vivienda, los alquileres y las dificultades de los jóvenes para independizarse se convirtió en uno de los principales desafíos políticos de España. La protesta adquirió una dimensión nacional tras la muerte de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había sido desalojada de su vivienda en Madrid. Su caso se convirtió en un símbolo del reclamo y provocó nuevas manifestaciones contra los desalojos y la especulación inmobiliaria.
El movimiento también irrumpió de lleno en la campaña electoral. Los partidos de izquierda buscan capitalizar el descontento social, mientras que el Partido Popular (PP) y Vox cuestionan la continuidad de la acampada y denuncian una utilización política de las movilizaciones. Este jueves, durante una sesión especialmente tensa en la Asamblea de Madrid, Ayuso cargó contra sus adversarios y los acusó de fomentar la conflictividad social con objetivos electorales. «La izquierda, cuando va a perder las elecciones, se convierte en violenta porque no acepta las normas democráticas», afirmó la presidenta regional, según consignó El País. También responsabilizó al PSOE y a Más Madrid de alimentar las protestas que se multiplican en la capital.
Las críticas provocaron una dura respuesta de la oposición. La vocera de Más Madrid, Manuela Bergerot, cuestionó la gestión autonómica y reclamó explicaciones sobre las dificultades para acceder a los alquileres, mientras que los socialistas acusaron a Ayuso de profundizar la confrontación en lugar de ofrecer soluciones a la crisis habitacional. La disputa coincide, además, con una huelga indefinida del profesorado madrileño, que mantiene abierto otro frente de conflicto con el gobierno regional y suma presión sobre la presidenta.