El Gobierno nacional aceptó la renuncia de María Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de Presidencia. La salida se produjo luego de los cambios en la Quinta de Olivos, donde la Casa Militar asumió la responsabilidad integral de la seguridad.
El Gobierno nacional aceptó la renuncia de María Belén Agudiez al cargo de subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de Presidencia, según se informó este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 1055/2026. La renuncia fue presentada con fecha del domingo y el decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El texto agradece a Agudiez por los servicios prestados durante su gestión y no informa los motivos de la salida. La decisión se produce luego de que la semana pasada se anunciara que la Casa Militar asumiría la «responsabilidad integral» de la seguridad de la residencia presidencial, lo que implicó el desplazamiento de personal civil de la Quinta de Olivos.
Como consecuencia de la reestructuración, los custodios Jonathan Salerno (Jony) y Pablo del Valle (Pablo), quienes desde principios de 2022 acompañaban al presidente y a su hermana, ya no pueden ingresar con sus vehículos al predio de la residencia y deben esperar en una estación de servicio cercana cuando acompañan al mandatario o a la jefa de La Libertad Avanza.
En el entorno de los Milei aseguran que ambos perdieron influencia debido a supuestas acusaciones que les habría dispensado Agudiez, molesta por el despido de su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, como intendente de la quinta presidencial. Algunos agentes de Casa Militar también han cuestionado la influencia de Agudiez, según se pudo saber.
La controversia derivó en una presentación judicial: la diputada Marcela Pagano denunció a Karina Milei, Agudiez y Sosa, entre otros, y pidió investigar si el emprendimiento gastronómico «Pancitos Caseros», del depuesto intendente de la quinta presidencial y su mujer, se habría visto beneficiado con mercadería adquirida a través de licitaciones oficiales destinadas a la compra de alimentos para la Quinta de Olivos.
«La hipótesis que se pone a consideración de V.S. es que los alimentos adquiridos con fondos públicos para la Residencia Presidencial de Olivos -o una parte sustancial de ellos- habrían sido derivados a ese emprendimiento privado, que los habría comercializado como propios en eventos y servicios a terceros, generando ganancias extraordinarias a una empresa familiar a costa de la administración fraudulenta del patrimonio del Estado Nacional», sostiene la presentación.