La empresa retomó las actividades de manera controlada el 10 de septiembre tras más de dos meses de paralización. El sindicato de fleteros advirtió que no descarta medidas de acción directa en los puertos bonaerenses.
La empresa Cargill reanudó las actividades de su planta de acopio en la localidad de Arribeños, partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires, el 10 de septiembre, luego de más de dos meses de paralización. La compañía informó que la reanudación se realiza de manera controlada y bajo un operativo especial de seguridad implementado por las autoridades competentes.
En un comunicado, Cargill indicó: «Cargill Argentina ha decidido avanzar con una reanudación controlada de las actividades de su planta de acopio en la localidad de Arribeños a partir del 10 de septiembre. Esta decisión se adopta luego de las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por las autoridades competentes». La empresa había suspendido las operaciones el 3 de julio al considerar que «no estaban dadas las condiciones de seguridad» para continuar funcionando.
La compañía aclaró que la reapertura «no implica que dicho conflicto haya sido resuelto ni constituye una solución definitiva». Además, sostuvo que «la situación que dio origen a este escenario continúa siendo ajena a Cargill y responde a diferencias entre actores del sector del transporte». Cargill valoró el trabajo de las autoridades e instó a las partes involucradas a alcanzar una solución definitiva y sostenible.
El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina advirtió que no descarta medidas gremiales de acción directa en la totalidad de los puertos bonaerenses ante la falta de solución para unos 30 transportistas que, según el gremio, fueron apartados de la operatoria de la compañía.
Según el sindicato, los 30 transportistas habrían sido apartados como represalia después de denunciar un supuesto cobro irregular de comisiones. El gremio sostiene que esos transportistas venían realizando cargas para la compañía en Arribeños y apuntó contra Sergio Larovere, entonces tesorero de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y actual presidente de la Unión de Transportistas de Arribeños, por presuntos cobros de comisiones «en negro».
El sindicato indicó que, tras esa denuncia, los fleteros dejaron de recibir cargas y esos viajes comenzaron a ser asignados a camiones vinculados con Ramón Jatip, entonces presidente de Catac. Calificaron la desvinculación como «arbitraria» y cuestionaron que Cargill haya reabierto la planta sin que esos 30 fleteros hayan recuperado su participación en la operatoria.
En marzo pasado, en una consulta de LA NACION, Jatip rechazó las denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema de pagos y la existencia de supuestas comisiones. «Cada uno facturaba con sus propias facturas y cobraba sus fletes en sus cuentas corrientes. No había un transporte en el medio que cobrara o pagara», explicó. Además, aseguró que «nunca nadie los echó» y que la empresa «nunca echó a nadie en esa planta». También lamentó que los empresarios fleteros los amenazaran a él y a Larovere: «Es lamentable porque nos han amenazado con carteles intimidatorios. Hoy resurgen los problemas y es triste porque nosotros queremos trabajar en paz con las entidades de toda la vida y tenemos claro que las tarifas son orientativas, que hay un mercado, que el campo negocia con nosotros todo el tiempo tarifas, formas de pago y demás, como siempre. Hay gente que quiere llevarse todo por delante y no se puede». Jatip no respondió llamados de este medio hoy.
Cargill, por su parte, indicó que las medidas extraordinarias actualmente vigentes serán monitoreadas permanentemente por la compañía. «La continuidad de la operación dependerá de que existan condiciones seguras, estables y sostenibles en el tiempo», cerraron.
La planta genera empleo directo e indirecto, trabaja con más de 70 proveedores locales y mantiene una relación comercial de largo plazo con alrededor de 130 productores de la zona, según informó la empresa.
A fines de agosto pasado, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata de la Catac por 180 días hábiles, con desplazamiento de sus autoridades, al advertir un cuadro de riesgo institucional y patrimonial. En una resolución, señaló un déficit promedio equivalente al 140% de los ingresos, incumplimientos en la presentación de estados contables —incluidos ejercicios de 2012, 2014 y 2020 a 2025— y la falta de medidas acreditadas para sanear la situación. La intervención quedó a cargo del abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien deberá analizar la situación económica, financiera y patrimonial, administrar la entidad y evaluar la gestión de la conducción desplazada, pudiendo iniciar acciones civiles o penales si correspondiera.