Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos han presentado pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no se ha reunido desde el 11 de diciembre de 2023. En paralelo, el gobierno ha modificado su postura sobre la Cuestión Malvinas, lo que genera debate sobre sus motivaciones.
Desde inicios de 2024, organizaciones de derechos humanos y personalidades de la política y el movimiento social han presentado pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su gestión. Los pedidos se fundamentan en el artículo 53 de la Constitución Nacional y alegan mal desempeño e hipótesis de delitos cometidos en el ejercicio del cargo público.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por Lilia Lemoine, no ha tenido una sola reunión orgánica desde el 11 de diciembre de 2023 hasta la fecha, según destacaron los solicitantes. Los pedidos apuntan centralmente contra el titular del Poder Ejecutivo Nacional y quiénes acompañan su gestión.
En el ámbito internacional, el gobierno de Javier Milei ha adoptado un giro en su postura respecto de la Cuestión Malvinas. Desde su asunción, el presidente había sostenido una política inversa a lo preceptuado por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, según señalaron críticos. Recientemente, ha reaparecido la invocación de la seguridad nacional en el discurso oficial.
Organizaciones de derechos humanos recordaron que la doctrina de seguridad nacional fue utilizada durante el denominado «proceso de reorganización nacional» para encubrir desapariciones forzadas y fusilamientos. En el fallo histórico Causa 13/84, ese plan fue declarado criminal.
Los sectores democráticos que promovieron los pedidos de juicio político sostienen que el artículo 36 de la Constitución Nacional establece el deber de obediencia a la supremacía constitucional. Asimismo, consideran que ninguna doctrina de seguridad nacional resolverá el fracaso del plan económico ni el desprestigio de la figura presidencial.
En cuanto a Malvinas, los críticos señalaron que el presidente ha elogiado al ex dictador Augusto Pinochet y a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, artífice de la Guerra de Malvinas. También indicaron que la Resolución 1514 (1962) de la Asamblea General de la ONU, conocida como Declaración Anticolonialista, no aparece en sus discursos.
Los solicitantes propusieron la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento de la Cuestión Malvinas y Atlántico Sur, integrada respetando la proporcionalidad de ambas Cámaras. Argumentaron que los representantes del pueblo de la Nación Argentina son titulares de la soberanía y tienen la obligación de cumplimentar los pactos internacionales de la ONU.
El reclamo diplomático por Malvinas cuenta con gran consenso en el conjunto de las naciones, según los críticos, quienes se oponen a la compra de armamentos y al rescate del discurso de la seguridad nacional.