El proyecto de reforma del estacionamiento medido y la regulación de los cuidacoches en Córdoba avanza con el respaldo de un bloque opositor, aunque otros sectores presentan objeciones de fondo. El texto unificado se tratará en el Concejo Deliberante la próxima semana.
El debate por la reforma del estacionamiento medido en Córdoba dejó al descubierto posiciones divergentes dentro del Concejo Deliberante. Con el despacho de comisión ya aprobado, cuatro bloques expusieron sus argumentos: uno acompañó activamente la iniciativa, otro marcó reservas pero no la bloqueó, un tercero la rechazó por insuficiente y una cuarta voz pidió prohibir el sistema.
El texto unificado —impulsado por el oficialismo con apoyo de parte de la oposición— avanza hacia su tratamiento en el recinto con una mayoría que parece consolidada, aunque no sin tensiones. La ordenanza sobre los naranjitas se votará con cambios: horarios, nuevas zonas y multas digitales. Este jueves 7 tomará estado parlamentario y la semana que viene se estaría aprobando en el recinto. Todos los tiempos están acotados para adaptar la norma a las exigencias de la ley provincial.
El concejal Gabriel Huespe, del bloque Ciudadanos, fue uno de los votos que le dio viabilidad al despacho. Explicó su posición desde una premisa conceptual: «El espacio público es de todos, por consecuencia nadie puede cobrar por cuidar un vehículo». Desde esa base, defendió el esquema del proyecto: que el único cobro autorizado sea el del sistema medido y controlado, distribuido entre la Municipalidad y las cooperativas, con horarios claros y jornada libre los domingos y las tardes del sábado. Huespe reconoció que el problema tiene una dimensión social que no puede ignorarse. «No podemos ignorar la situación de pobreza de mucha gente que ha caído en esta situación», dijo, y respaldó la inclusión de capacitación en oficios como parte del esquema. «Es muy importante el aspiracional. Los jóvenes no pueden estar corriendo detrás de un pago de un vehículo». Para el edil, el texto «es un proyecto equilibrado, que ha considerado varios puntos de muchos concejales y amerita que salgamos adelante por la positiva».
José María Romero, del bloque del Frente Cívico —referenciado en el juecismo—, anticipó que su espacio puede acompañar la propuesta, aunque con matices. «Quedaron algunas cuestiones con las que no estamos totalmente de acuerdo», reconoció. Llegó a plantear que lo ideal hubiera sido «redactar una nueva de manera total». Sin embargo, no optó por el rechazo. Su posición fue la de priorizar la aprobación por sobre la perfección: «Esta merece el sentido de urgencia y buscar una aprobación. Creemos que es lo que la sociedad está demandando, no será mágica ni definitiva pero será un marco regulatorio para todos los cooperativizados».
La postura más dura dentro del arco que rechaza la iniciativa llegó desde el bloque de la Unión Cívica Radical. El concejal Javier Fabre calificó el proyecto como «un cambio para que nada cambie» y cuestionó tres ejes centrales: el costo, la expansión y el control. En materia tarifaria, advirtió que la propuesta establece un valor equivalente al 60% del precio del litro de nafta premium, lo que llevaría el costo por hora a aproximadamente 1.500 pesos frente a los 500 actuales. En cuanto al alcance, señaló que el sistema pasaría de 350 cuidacoches formalizados a cerca de 1.000, sin precisiones sobre cuántas cuadras se sumarían. Pero su cuestionamiento más fuerte apuntó a la continuidad de las cooperativas. «Se sostiene un esquema opaco, sin registros claros ni procesos institucionales verificables», afirmó. Y fue directo: «Si las cooperativas no cumplieron nunca nada, ¿por qué cumplirían ahora?». Fabre también mencionó presiones de sectores —incluyendo a la Iglesia— para mantener el enfoque asistencial del sistema, y criticó la falta de criterios claros para delimitar zonas de cobro y la ausencia de regulación para eventos masivos. Su diagnóstico final fue contundente: «Ganó el discurso buenista y sensiblero. Perdieron los vecinos de Córdoba».
La única concejala que votó en contra del despacho y cuestionó el texto de fondo fue Soledad Rovetto Yapur, de Cordobeses por la Libertad. Su rechazo no fue por falta de reformas sino por considerar que el proyecto va en la dirección equivocada. Rovetto Yapur sostuvo que la normativa no elimina a los naranjitas sino que los convierte en «controladores municipales» con capacidad de labrar infracciones que derivan en multas aplicadas por la Municipalidad. «No es prohibición, es legalizar la extorsión dándoles poder de multa», planteó. Además, alertó sobre la expansión territorial que prevé el texto: la incorporación de avenidas como Rafael Núñez, Fuerza Aérea, Sabattini y Monseñor Pablo Cabrera, y barrios como General Paz, Alta Córdoba, Jardín y Villa Libertador. Su propuesta es más radical: «Mi proyecto es claro y es lo que el vecino eligió: prohibición absoluta. Sin cooperativas amigas, sin zonas grises y sin intermediarios que se adueñen de la calle».