La administración nacional avanza en la firma de acuerdos con provincias para cubrir parte del déficit de sus sistemas jubilatorios, mientras las auditorías necesarias para determinar los montos definitivos se encuentran con varios años de atraso.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene proyectado girar aproximadamente $2,5 billones durante el presente año a las trece provincias que mantienen sus propias cajas de jubilaciones. Estos fondos están destinados a cubrir una parte del déficit que registran estos sistemas previsionales no transferidos al organismo nacional.
Según establece la ley, la ANSES debe realizar estas transferencias en función de los resultados de auditorías específicas. Sin embargo, estos procesos de fiscalización se encuentran atrasados, alcanzando en la mayoría de los casos solo hasta el año 2020. Ante esta demora, el Gobierno nacional y las provincias han optado por suscribir acuerdos provisorios de adelantos de fondos, a la espera de las determinaciones finales.
Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la ANSES había suspendido las transferencias habituales, realizándolas únicamente por orden judicial o mediante la firma de convenios específicos. En las últimas semanas, se ha registrado un incremento en la suscripción de estos acuerdos y en los montos girados a varios distritos.
Entre las provincias que han firmado convenios recientemente se encuentran Santa Fe, cuyo gobernador Maximiliano Pullaro acordó $120.000 millones; Corrientes, con un acuerdo por $40.000 millones suscrito por Juan Pablo Valdés; y Córdoba, donde Martín Llaryora logró que los giros mensuales se incrementaran de $5.000 a $10.000 millones. También han cerrado acuerdos las provincias de Chubut, Misiones, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Chaco, con montos que varían entre los $40.000 y los $62.500 millones.
Los gobernadores han destacado que estos acuerdos, aunque no saldan la deuda histórica en su totalidad, permiten garantizar un flujo de fondos mensual que aporta previsibilidad financiera y atiende las necesidades urgentes de los jubilados provinciales. En paralelo, las provincias mantienen sus reclamos judiciales por los montos adeudados correspondientes a los años aún no auditados, que en algunos casos se extienden por más de seis ejercicios.