La portavoz Kiersten Pels afirmó que los observadores registrarán y reportarán posibles infracciones a la ley electoral federal, incluido el voto de no ciudadanos. El operativo triplicará el personal de las últimas elecciones de medio término.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) desplegará aproximadamente 1000 observadores en los 50 estados durante las elecciones de medio término del 3 de noviembre, la cifra más alta en la historia de su programa de supervisión electoral. Así lo confirmó la portavoz del organismo, Kiersten Pels, quien explicó el alcance de la tarea en medio de una disputa por votos cuestionados en California.
Declaraciones de Kiersten Pels
En declaraciones recogidas por Reuters, Pels señaló: “Si los observadores detectan alguna violación de la ley electoral federal, incluido el voto de personas que no son ciudadanas, lo registran y lo reportan al Departamento”. La funcionaria agregó que el personal recibirá capacitación para evitar interferencias y proteger el acceso a las urnas.
La instrucción no implica controles de ciudadanía sobre quienes acudan a votar. Un alto funcionario del DOJ aclaró que los observadores no verificarán el estatus de los electores el día de la elección. Sus informes podrían aportar datos para investigaciones posteriores, aunque no está claro qué pruebas de un sufragio ilegal podrán reunir mediante la observación.
El artículo 611 del título 18 del Código de Estados Unidos prohíbe, como regla general, que los no ciudadanos voten en elecciones para cargos federales. La disposición prevé multas o hasta un año de prisión por una infracción, y establece excepciones específicas para votaciones locales autorizadas, siempre que estén separadas de la elección federal.
Despliegue de observadores
El operativo triplicaría el volumen de personal de las últimas elecciones de medio término. Las prioridades incluyen distritos reñidos, zonas con antecedentes de dificultades para votar y áreas muy pobladas.
Según explicó Associated Press, el personal federal estará acompañado por una amplia red de vigilancia partidaria y ciudadana. Los partidos demócratas estatales capacitaron a unos 10.000 voluntarios, mientras Common Cause preparó a cerca de 16.000.
El programa federal no nació con esta elección. La División de Derechos Civiles del DOJ explicó que sus funcionarios y observadores supervisan el cumplimiento de las leyes de derecho al voto. Entre las situaciones que pueden documentar figuran las barreras de acceso para personas con discapacidad y la ausencia de boletas en español en determinados centros.
ICE y FBI no actuarán como observadores
La participación de fiscales y trabajadores de agencias de seguridad originó reclamos de organizaciones defensoras del derecho al voto. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (Naacp, por sus siglas en inglés) presentó una demanda para impedir que fiscales penales y personal policial cumplan esas funciones. La entidad argumentó que su presencia podría intimidar a los votantes.
En ese contexto, el DOJ precisó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) no aportarán personal para observar los comicios. El anuncio se relaciona con las restricciones sobre agentes del ICE en las midterms: los designados no podrán portar armas ni interferir con los electores.
Reacciones estatales
Minnesota desplegó unos 40 empleados estatales para acompañar y supervisar a los representantes del DOJ durante sus primarias de agosto. California adoptó una medida similar.
En Nevada, el secretario de Estado Cisco Aguilar anunció capacitación para que las fuerzas de seguridad retiren a los observadores federales que infrinjan las normas o se nieguen a abandonar un centro cuando corresponda.
La supervisión también provocó una controversia en Wyoming. Su gobernador, el republicano Mark Gordon, solicitó que se investigara la conducta de los observadores durante las primarias, tras cuestionamientos sobre pedidos para examinar máquinas de votación. El DOJ respondió que las consultas buscaban comprobar condiciones de acceso para personas con discapacidad.
En paralelo, el gobierno de Donald Trump presionó a los estados para obtener información de inscripción de votantes. El acceso a registros electorales forma parte del debate sobre el control de presuntas irregularidades. El gobierno también intentó frenar el conteo de unas 20.000 boletas enviadas por correo en California por sospechas de que pertenecían a personas sin ciudadanía. Reuters aclaró que los estudios disponibles consideran infrecuentes los casos de voto ilegal de no ciudadanos.