El Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados presentó una denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Fernando Arrigo y solicitó evaluar su continuidad en la investigación por presunta trata de personas en Bariloche.
Una nueva organización internacional se sumó a los cuestionamientos contra la investigación de la causa que tiene como imputado a Konstantin Rudnev y a otros ciudadanos rusos por presunta trata de personas en Bariloche.
El Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR) presentó en las últimas horas una denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Fernando Arrigo ante la Procuración General de la Nación, a la que solicitó investigar la conducta del funcionario y evaluar su apartamiento del expediente.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el escrito lleva la firma del profesor Massimo Introvigne, director ejecutivo de ORLIR, una ONG constituida en Turín, Italia, que se dedica al seguimiento de casos de persecución religiosa y de vulneración de derechos de refugiados.
La entidad informó que desarrolló actividades ante organismos como las Naciones Unidas y el Parlamento italiano, y expresó su preocupación por el tratamiento judicial que recibe el imputado, a quien considera un disidente perseguido en Rusia por sus ideas políticas y religiosas.
En la presentación dirigida al Procurador General y a las dependencias disciplinarias del Ministerio Público Fiscal, ORLIR pidió revisar cinco aspectos de la actuación de Arrigo: el uso de información procedente de Rusia, el tratamiento dado a Elena Makarova, la utilización de la prisión preventiva, la oposición al arresto domiciliario y la valoración de los informes médicos.
Según la organización, considerados en conjunto, estos puntos generan interrogantes sobre la objetividad, la proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales en el ejercicio de la función fiscal.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al empleo de documentación originada en organismos rusos. ORLIR sostiene que la Fiscalía habría otorgado credibilidad a información proveniente de un sistema judicial cuestionado internacionalmente por su trato hacia disidentes políticos y religiosos.
Por ese motivo, reclamó que esos antecedentes sean examinados con especial cautela y que se determine qué peso tuvieron efectivamente en la investigación argentina.
La ONG también objetó el tratamiento otorgado a Elena Makarova, la mujer rusa identificada como presunta víctima en el expediente.
En ese sentido recordó que Makarova afirmó en distintas oportunidades que no se considera víctima de Rudnev y que ni siquiera lo conocía personalmente.
A criterio de ORLIR, esas manifestaciones no recibieron una valoración adecuada por parte de la acusación, por lo que solicitó revisar las decisiones adoptadas frente a los escritos presentados por la mujer y sus representantes.
La denuncia incluyó una cronología de las presentaciones realizadas por Makarova durante 2025, entre ellas una carta manuscrita del 13 de junio dirigida al juez federal Gustavo Zapata, declaraciones posteriores y pedidos para que se investigaran presuntas irregularidades en su alojamiento tras dar a luz.
La organización pidió establecer si esas manifestaciones fueron incorporadas y analizadas por el Ministerio Público Fiscal y, en caso de rechazo, cuáles fueron sus fundamentos.
Las denuncias de Makarova sobre el trato recibido constituyen alegaciones que deberán ser comprobadas judicialmente.
Otro eje de la presentación se centra en la extensión de la prisión preventiva de Rudnev, detenido desde marzo de 2025.
ORLIR cuestionó que la Fiscalía insistiera en mantener el encarcelamiento mientras avanzaban las medidas de investigación y planteó que debe determinarse si existían riesgos procesales concretos que justificaran cada prórroga.
La organización remarcó que la prisión preventiva debe conservar su carácter excepcional y no puede funcionar como una sanción anticipada ni como un mecanismo de presión sobre una persona imputada.
El escrito reconstruyó además la disputa judicial en torno al arresto domiciliario.
El 23 de abril de 2026, un tribunal de revisión de General Roca autorizó a Rudnev a cumplir la preventiva en una vivienda de San Vicente, provincia de Buenos Aires, con monitoreo electrónico.
La Fiscalía recurrió esa resolución y el 4 de junio la Cámara Federal de Casación Penal revocó la morigeración.
ORLIR objetó la insistencia acusatoria en reclamar el alojamiento penitenciario y pidió examinar la fundamentación de esas posturas.
La presentación diferencia las intervenciones de los distintos integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Indica que los fiscales Tomás Labal y Gustavo Révora actuaron en audiencias y recursos vinculados con la prisión preventiva, dentro de la dependencia que encabeza Arrigo.
Por ello, la organización no le atribuye automáticamente al fiscal cada actuación de sus subordinados, sino que solicita investigar su participación, su conocimiento y su eventual responsabilidad funcional en la posición sostenida por la acusación.
El elemento más reciente incorporado a la denuncia es el informe emitido el 8 de octubre de 2026 por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal, tras una evaluación interdisciplinaria realizada el 1 de octubre en el domicilio de Rudnev.
Según la transcripción aportada por ORLIR, los peritos oficiales concluyeron que, “en función de los hallazgos clínicos constatados y de las consideraciones precedentemente expuestas”, “al momento de la evaluación pericial, el nombrado no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario”.
La conclusión adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con los antecedentes detallados en la denuncia, Rudnev fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas entre mayo y septiembre de 2026.
Los informes de especialistas citados describen problemas neurológicos y cardiovasculares, severas dificultades de movilidad y la necesidad de reposo y asistencia.
ORLIR entiende que el dictamen oficial respalda las advertencias médicas formuladas previamente por la defensa, aunque la definición sobre las medidas procesales sigue siendo competencia de los tribunales.
Tamara Rudneva, esposa del imputado, celebró la nueva presentación internacional contra el fiscal.
“Espero que este apoyo internacional siga creciendo cada vez más”, señaló al conocer la denuncia.
Además, anticipó que, según la información que recibió, otras organizaciones podrían realizar presentaciones similares ante las autoridades argentinas, lo que ampliaría el seguimiento internacional del caso.
Para Rudneva, el acompañamiento de entidades extranjeras representa un respaldo significativo frente a la prolongada situación judicial y sanitaria de su esposo.
Desde la perspectiva de la familia, la denuncia abre una instancia para que organismos ajenos a las partes examinen los cuestionamientos a la investigación, en particular los vinculados con la prisión preventiva y la atención médica, y espera que ese seguimiento lleve a las autoridades a garantizar la protección de los derechos de Rudnev.
La ONG solicitó expresamente que se registre la denuncia, se analicen las actuaciones judiciales y se determine si Arrigo incumplió los deberes establecidos en la Ley 27.148, que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
También reclamó la apertura del procedimiento disciplinario correspondiente en caso de confirmarse las conductas señaladas y sostuvo que, por la gravedad de los hechos descriptos, corresponde evaluar sanciones y el reemplazo del fiscal.
La decisión queda ahora en manos de la Procuración General de la Nación y de los órganos disciplinarios competentes, que deberán resolver si dan curso a la denuncia y qué medidas adoptar.