Nicolás Mendioroz Jucosa, de 37 años, será trasladado a Salta el próximo jueves para enfrentar cargos por estafa y administración fraudulenta. Está señalado de quedarse con más de 170.000 dólares en supuestas inversiones con bitcoins.
Un argentino de 37 años acusado por presuntas estafas vinculadas con criptomonedas será extraditado desde Australia a la ciudad de Salta, donde será puesto a disposición de la Justicia. El traslado está previsto para el próximo jueves, según informó El Tribuno.
El acusado fue identificado como Nicolás Mendioroz Jucosa. De acuerdo con la causa, está señalado como responsable de haber recibido dinero de decenas de personas para supuestas inversiones en bitcoins y de no haberlo devuelto. Los denunciantes sostienen que el dinero entregado no fue recuperado y que el imputado permaneció fuera del país durante años sin responder a los requerimientos judiciales.
Uno de los damnificados declaró a El Tribuno que en 2021 el acusado «se alzó con más de 170.000 dólares que supuestamente administraba en inversiones con bitcoins».
Según el relato de los afectados, un grupo de abogados logró ubicar al prófugo en Australia y solicitó su extradición a la Justicia de Salta. En tanto, personal de Interpol recibirá al detenido de las autoridades australianas y lo conducirá hasta la capital salteña.
Mendioroz, licenciado en Administración de Empresas según su perfil en LinkedIn, se ausentó de Salta hace cuatro años, antes de la audiencia en la que iba a ser imputado por «los delitos de estafa y administración fraudulenta». En ese momento se difundió la versión de que se había llevado «cientos de miles de dólares sin dejar rastros».
La causa judicial se tramita en Salta. La extradición fue acordada hacia la jurisdicción que había solicitado la captura, tras un pedido de captura nacional e internacional.
Durante el proceso de extradición, abogados defensores solicitaron a los jueces que el hombre no sea trasladado como detenido, sino que pudiera llegar al país y entregarse voluntariamente a la Justicia. Su familia ofreció una propiedad como garantía para respaldar el pedido. La solicitud fue rechazada y se mantuvieron las medidas dispuestas por la Justicia.