El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa que, según el texto, reforma el sistema de defensa y seguridad. El proyecto incluye un artículo vinculado a Malvinas y siete títulos que modifican leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley denominado ‘Defensa de la Soberanía Nacional’, compuesto por 133 artículos organizados en ocho títulos. La iniciativa fue anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional el 3 de septiembre, junto con otras medidas.
El Título I del proyecto endurece el régimen sancionatorio de la Ley 26.659, sancionada en 2011, y amplía su alcance a cualquier explotación de recursos naturales en las islas y sus espacios marítimos. Extiende la responsabilidad a socios, aseguradoras, bancos y proveedores logísticos, e incorpora el juicio en ausencia.
El Título II crea el Sistema de Seguridad Nacional y su órgano rector, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), presidido por el Presidente. El Título III regula la protección de espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres, incluyendo la interceptación progresiva —hasta el uso de la fuerza— contra aeronaves y buques calificados como ‘hostiles’, y aborda infraestructuras críticas.
El Título IV establece infracciones administrativas y sanciones directas para conductas de ‘afectación a la Seguridad Nacional’. El Título V reforma la Ley de Defensa Nacional. El Título VI incorpora al Código Penal figuras vinculadas a la influencia extranjera, el espionaje y las campañas de desinformación electoral. El Título VII eleva a rango de ley el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET). El Título VIII contiene disposiciones transitorias.
De los ocho títulos, solo el primero se vincula con la causa Malvinas, según el análisis del texto. Los siete restantes modifican el sistema de defensa y seguridad.
El proyecto crea el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que concentra en el Presidente facultades de investigación, sanción y coerción sobre personas y empresas, sin intervención judicial previa. El CSN excluye de su integración al Ministerio de Seguridad.
El Título VI incorpora al Código Penal el artículo 225 bis, que castiga con penas de cinco a doce años de prisión a quien, actuando por cuenta o financiamiento de un Estado u organización extranjera, desarrolle ‘campañas coordinadas de desinformación masiva’ que alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.
El proyecto modifica el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional y redefine su objeto: ya no se trata de enfrentar ‘agresiones de origen externo’, sino ‘riesgos, amenazas y desafíos de origen externo, de carácter estatal o no estatal, cinéticos o no cinéticos’.
En sus 133 artículos, el proyecto no menciona al Reino Unido. La única potencia que ocupa militarmente parte del territorio nacional queda invisibilizada en el texto.
La agenda de ejercicios militares conjuntos previstos para 2026-2027 incluye los ejercicios ‘Estrella Austral’ y ‘Tradewinds’ —donde en ediciones pasadas participó el Reino Unido— y la participación argentina en el ejercicio ‘Nanook’, liderado por Canadá con presencia británica.
La reactivación de la Base Naval Integrada de Ushuaia fue anunciada en la cadena nacional del 3 de septiembre tras haber sido paralizada al inicio del gobierno de Milei. Se ha documentado la presencia de delegaciones del Comando Sur en el predio y el arribo de pertrechos militares norteamericanos a Ushuaia.
El proyecto fue presentado bajo el paraguas de la causa Malvinas, pero solo el Título I se refiere a ella. Los siete restantes constituyen una reestructuración del sistema de defensa y seguridad argentino.