Las principales cámaras del sector de salud privado pidieron una reunión con funcionarios del PAMI y del Ministerio de Salud para tratar el desfasaje entre aranceles y costos. Advierten sobre el riesgo de cierres de instituciones.
El sistema de salud privado solicitó formalmente una audiencia de carácter urgente ante las autoridades del Gobierno nacional, en particular con funcionarios con poder de decisión en el PAMI, organismo que depende del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. La presentación fue firmada por las principales cámaras del sector y secundada por 30 entidades provinciales, según el documento al que accedió PERFIL.
El eje del pedido es el desfasaje entre los aranceles prestacionales congelados o desactualizados y el aumento de costos de insumos, medicamentos y equipamiento. El sector señala un especial énfasis en el impacto sobre las prestaciones otorgadas a los afiliados de la obra social de los adultos mayores, con riesgo de cierres de instituciones.
En la presentación, los representantes del sector privado indicaron que concentran el 51% de los establecimientos con capacidad de internación y el 56% del total de camas disponibles en el país. Además, emplean en forma directa e indirecta a más de 330.000 profesionales y trabajadores de la salud.
“Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el Gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos”, sostuvieron los dirigentes en el comunicado conjunto. Asimismo, advirtieron que un eventual fin de las actividades clínicas privadas derivaría en una saturación inmediata de las guardias y hospitales de la red pública.
La solicitud lleva la firma de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (ACAMI), CAPRESS, la Confederación Médica de la República Argentina (CONFECLISA), FECLIBA y SALUD FEDERAL, a las que se sumaron tres decenas de agrupaciones federales.
Con esta convocatoria, los empresarios e instituciones de la salud buscan abrir una mesa de negociación técnica con Lugones que permita fijar mecanismos de actualización de aranceles, alivio fiscal o esquemas de financiamiento extraordinario para evitar la interrupción de prestaciones médicas y la pérdida de puestos de trabajo en el sector.
Los pedidos no son nuevos y generaron cruces entre los sectores a lo largo de este año. Fuentes libertarias señalaron al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como responsable de decidir sobre las partidas presupuestarias. Caputo había prometido fondos para actualizar los valores de prestaciones reclamadas, según las mismas fuentes, pero dicha situación no se concretó y el problema escaló, especialmente en el interior del país con diversas acciones de protesta de parte de profesionales.