El gobierno de Donald Trump anunció sanciones que dejan a la CPI sin acceso a servicios financieros, tecnológicos y al uso del dólar. La medida generó respuestas de aliados y organismos internacionales.
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso nuevas y amplias sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco de una campaña para desmantelar el tribunal por las investigaciones que realiza sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel. La medida provocó reproches de diversas partes del mundo, incluso de aliados de Washington.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones el viernes, luego de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y de otros tribunales internacionales. Trump ha manifestado interés en obtener ese premio. Funcionarios estadounidenses sostuvieron que el momento del anuncio fue coincidencia y que las sanciones se preparaban desde hacía meses.
“Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde, cortándoles los recursos y paralizando su capacidad de operar contra nosotros”, declaró Rubio en un mensaje en video publicado en redes sociales. “Estados Unidos y el pueblo estadounidense no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI”.
Las sanciones dejan a la corte sin acceso a servicios financieros con sede en Estados Unidos, a empresas tecnológicas e incluso al uso de dólares estadounidenses. Establecen un plazo de seis meses para que las empresas y las personas en territorio estadounidense que tengan negocios con la corte reduzcan y cierren esas actividades.
La CPI, con sede en La Haya —el primer tribunal permanente del mundo para crímenes de guerra—, denunció la medida por considerarla un ataque al Estado de derecho y a los cimientos del orden internacional, temas que Rubio había respaldado dos días antes en un discurso frente a la Acrópolis, en Atenas.
“Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la corte haga aquello para lo que fue creada”, manifestó el tribunal en un comunicado.
La presidenta de la corte, Tomoko Akane —ciudadana de Japón, aliado de Estados Unidos—, también defendió al tribunal. “Esto no se trata sólo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el Estado de derecho”, expresó en un comunicado.
Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las sanciones de Washington contra la CPI, diciendo que la decisión asestó “un duro golpe a nuestra búsqueda colectiva de justicia penal internacional”.
“La rendición de cuentas por crímenes internacionales y la impartición de justicia a las víctimas son centrales para nuestro compromiso global con la paz, la seguridad, los derechos humanos y las libertades fundamentales”, declaró Stéphane Dujarric en un comunicado.
Rubio sostuvo que los aliados de Washington deberían sumarse a las acciones estadounidenses. “Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, pieza por pieza, hasta que los estadounidenses ya no estén amenazados”, advirtió.
Sin embargo, la respuesta inicial de gobiernos aliados de Estados Unidos fue negativa.
“En nuestro papel de firmes partidarios de la CPI, lamentamos y discrepamos enérgicamente con el anuncio de sanciones que Estados Unidos impondrá a la corte”, señalaron Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y el Reino Unido en una declaración conjunta.
“Seguiremos trabajando juntos para apoyar la vital labor de la corte, defender el sistema internacional basado en normas y promover la rendición de cuentas”, añadieron. Siete de los ocho firmantes son miembros de la OTAN y, por separado, Japón tiene un tratado de alianza con Estados Unidos.
Grupos defensores de los derechos humanos también denunciaron la medida e instaron a los países a oponerse a ella.
“La CPI fue creada para garantizar que nadie, por poderoso que sea, esté por encima de la ley”, declaró Philippe Bolopion, director general de Human Rights Watch. “Los gobiernos que valoran los derechos humanos y la rendición de cuentas deberían condenar esta medida escandalosa y actuar con rapidez para proteger a la CPI”.
El país anfitrión de la corte, Países Bajos, llevaba semanas preparándose para la medida. Una posible forma de mitigar las sanciones es el “estatuto de bloqueo” de la Unión Europea, que podría utilizarse para proteger al personal europeo de la corte al impedir que las empresas del continente acaten las medidas estadounidenses.
La UE indicó que tiene la intención de trabajar con la CPI y adoptar “cualquier medida necesaria” para garantizar que pueda continuar su labor. El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, dijo a los periodistas que estaba decepcionado por las sanciones, pero satisfecho de que “todos los esfuerzos diplomáticos de los últimos meses fueron efectivos” para garantizar que las sanciones no sean efectivas de inmediato.
Varios países se han retirado de la corte este año, entre ellos Venezuela y Chad. Nauru, nación insular del Pacífico Sur, fue la más reciente en anunciar que se retiraría.
Diversas administraciones presidenciales de Estados Unidos han desconfiado de la CPI desde su fundación.
El gobierno del expresidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma, en virtud del cual se crearía el tribunal, pero nunca presentó el tratado para su ratificación en el Senado, al citar preocupaciones de que pudiera vulnerar la soberanía de Estados Unidos.
Washington “retiró” su firma del Estatuto de Roma al comenzar el primer mandato del presidente George W. Bush, pero reconoció la existencia de la corte después de que se creó en 2002, impulsando una campaña global para que sus miembros firmaran exenciones con el fin de que soldados, funcionarios y otras personas de Estados Unidos no fueran procesados ante la CPI.
Durante el mandato del presidente Barack Obama, la política hostil de la Casa Blanca hacia la CPI se suavizó y Washington proporcionó a los investigadores de la corte datos de inteligencia y otra información para ayudar en posibles procesos, en particular el del líder rebelde ugandés Joseph Kony.
En el primer mandato de Trump, Estados Unidos volvió a un enfoque antagonista e impuso sanciones a funcionarios individuales de la CPI, aunque ninguna tan amplia como las medidas del viernes.