La Libertad Avanza convocó para el miércoles próximo a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para iniciar el debate del proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que ya tiene media sanción del Senado. La oposición había solicitado una sesión para el jueves para tratar el rechazo del DNU 70.
El oficialismo convocó para el miércoles próximo a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, presididas por Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente, para comenzar el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.
La convocatoria se produce un día antes de la sesión solicitada por bloques opositores para el jueves, en la que se busca tratar el rechazo del DNU 70/2023 y aprobar la Ley de Endeudamiento y la Ley de Discapacidad.
El lunes por la noche, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, encabezó una reunión con representantes de bancadas aliadas. En ese encuentro, según fuentes parlamentarias, varios participantes plantearon la necesidad de resolver la situación generada por la derogación de la Ley de Tierras, que quedó sin efecto tras un fallo de la Corte Suprema.
El proyecto original del Ejecutivo incluía un capítulo que eliminaba el límite del 15% para la venta de tierras a extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal. Durante la negociación, se propuso elevar ese tope al 25% solo a nivel nacional, sin límites por distritos, pero la iniciativa no reunió los votos necesarios y el capítulo fue retirado antes de la aprobación del proyecto.
Ahora, la posibilidad que se evalúa es incluir en el debate en Diputados límites a la venta de tierras a extranjeros, con el fin de restaurar la norma. La discusión se centra en si se incorporarán los artículos tal como estaban en la ley derogada o con las modificaciones que se habían conversado en el Senado.
El diputado radical correntino Diógenes González declaró a medios locales: «Deberíamos restaurar la vigencia de la ley de tierras para no tocar el DNU». Consideró que la mejor opción es recuperar la legislación vigente antes del decreto y dejar para más adelante la discusión sobre posibles modificaciones.
El recorrido de la Ley de Tierras desde el DNU hasta la Corte Suprema
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, quedó sin efecto en la práctica luego de una decisión de la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM), aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación.
El recorrido comenzó en diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 la derogación de la Ley de Tierras, a través del artículo 154.
El CECIM La Plata presentó un amparo judicial para intentar frenar esa decisión, sosteniendo que la derogación afectaba la defensa de la soberanía nacional y la protección de recursos estratégicos del país.
En primera instancia, el juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar al planteo y dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del artículo del DNU que derogaba la ley. El Gobierno apeló y el expediente llegó a la Cámara Federal de La Plata, que confirmó la continuidad del amparo, por lo que la derogación permaneció judicialmente suspendida.
En paralelo, el oficialismo incorporó en un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada un capítulo destinado a modificar la Ley de Tierras, que en los hechos eliminaba sus principales restricciones. Sin embargo, frente a la presión política y social, La Libertad Avanza decidió retirar ese capítulo antes de la aprobación del proyecto.
El expediente judicial continuó su recorrido y llegó a la Corte Suprema. Dos años después del inicio del conflicto, el máximo tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por el CECIM. La Corte no analizó si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional, sino que consideró que la organización no tenía legitimación activa suficiente para promover el amparo.
Al quedar sin efecto la medida cautelar que suspendía el artículo 154 del DNU 70, la derogación de la Ley de Tierras quedó vigente en la práctica.
Ahora, el escenario vuelve al Congreso. Como los decretos de necesidad y urgencia no se votan artículo por artículo, sino que deben ser aprobados o rechazados en su totalidad, la oposición buscará avanzar con el rechazo del DNU 70 completo. El Senado ya lo rechazó en 2024.
Si eso ocurre, podrían volver a tener vigencia algunas de las normas que fueron derogadas por el DNU, entre ellas la Ley de Alquileres, mientras que otras disposiciones incluidas en el decreto también podrían quedar sin efecto.