El proyecto, fechado el 5 de octubre y aún no oficializado, alcanzaría a 21.187 trabajadores de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada. ATE anunció medidas de fuerza y UPCN no se pronunció.
El Gobierno nacional prepara un decreto que establece un nuevo régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. El texto, fechado el 5 de octubre y firmado digitalmente por Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, fue difundido por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y aún no fue publicado en el Boletín Oficial.
Según el proyecto, el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores, con alrededor de 2.187 adhesiones previstas y un costo inicial de entre $116.500 y $130.000 millones. La medida está destinada al personal de planta permanente de la administración central y a quienes estén contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan excluidos, entre otros, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, los cuerpos artísticos nacionales y los cargos docentes.
El esquema de compensaciones divide a los empleados en tres grupos según su edad y situación previsional. Para las mujeres de 58 años o más y los hombres desde los 63 que no cuenten con los aportes suficientes para jubilarse, se ofrecen dos alternativas: cobrar mensualmente el 60% de su remuneración hasta alcanzar las condiciones jubilatorias, con un máximo de 36 meses, o un pago equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad, con un límite de 18 salarios o los meses faltantes para jubilarse, el que resulte menor. En la modalidad mensual, el Estado continuará pagando los aportes previsionales y de obra social.
Para las mujeres de entre 58 y 64 años y los hombres de entre 63 y 64 que ya cuenten con al menos 30 años de aportes, el retiro contempla un sueldo por cada año de antigüedad, con el mismo límite de 18 salarios o los meses restantes hasta la jubilación, más otros cinco sueldos. El tercer grupo comprende a las mujeres de hasta 57 años y a los hombres de hasta 62. En esos casos, la compensación será de un salario por año de antigüedad, con un máximo de 20 sueldos, más otros cuatro salarios para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad y cinco para quienes superen ese plazo.
Los pagos únicos podrán realizarse hasta en tres cuotas mensuales consecutivas. Las dos primeras tendrán un límite de $20 millones cada una y el saldo será abonado en la tercera.
El proyecto incluye una restricción para quienes opten por el retiro: durante ocho años desde su baja no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional, ya sea como empleados, funcionarios, asesores o contratados. La única excepción prevista es la docencia en universidades nacionales. En caso de incumplir esa prohibición, el beneficiario perderá las cuotas pendientes y deberá devolver todo lo percibido, actualizado por inflación más un interés anual del 3%.
La iniciativa busca que los retiros impliquen una reducción efectiva de la estructura estatal. Las jurisdicciones deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los agentes que se desvinculen, y esos puestos no podrán ser cubiertos durante los dos años siguientes. La reducción de la dotación tampoco podrá utilizarse para justificar nuevas incorporaciones.
La adhesión no será automática. La solicitud del empleado será irrevocable, pero su presentación no genera el derecho a obtener el retiro. Deberá intervenir el área de personal y se requerirá la conformidad del superior inmediato, que deberá tener al menos rango de Director Nacional o equivalente. La decisión final corresponderá, según cada área, a los ministros, secretarios de la Presidencia o al jefe de la Casa Militar. Podrán rechazar solicitudes por «razones de servicio».
El texto también establece restricciones para empleados atravesados por investigaciones administrativas o judiciales, aquellos que ya hayan iniciado el trámite de jubilación o reúnan las condiciones para jubilarse y quienes tengan una renuncia pendiente. Los trabajadores que hayan iniciado reclamos administrativos o judiciales contra el Estado por su relación laboral deberán desistir de ellos para poder adherir, con excepción de las demandas vinculadas a riesgos del trabajo. Los delegados gremiales que quieran adherirse deberían antes renunciar a la representación de los trabajadores.
Los plazos, las eventuales prórrogas y las fechas que se tomarán para calcular la edad y el salario base de las compensaciones aún no fueron definidos. El proyecto también deja abierta la posibilidad de que los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado y otros entes comprendidos en el artículo 8 de la Ley 24.156 tramiten la implementación del régimen mediante el mecanismo previsto por la normativa vigente.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó: «No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos. Después contratan por millones a consultoras amigas de Sturzenegger». Aguiar adelantó que el gremio estudia nuevas medidas de fuerza. Semanas atrás, trabajadores de ATE tomaron el edificio de la obra social de los militares ante el anuncio del cierre de hoteles. Desde UPCN, el gremio mayoritario y a cargo del referente de la CGT Andrés Rodríguez, no hicieron declaraciones.
El proyecto se conoció porque ATE accedió al expediente administrativo en trámite EX-2026-93338964-APN-CGDYD#MDYTE. Según el texto, el decreto se firmaría en las próximas horas.