El gobierno de Jorge Macri desplegó 1500 policías en un operativo simultáneo denominado Tormenta Negra, con 17 detenciones y clausuras de locales. Sectores de la Iglesia señalaron que se realizó dos días después de una misa en Plaza Constitución por la trata de personas y otras formas de exclusión.
Los curas de villas y barrios populares expresaron su preocupación por la espectacularidad del megaoperativo simultáneo de seguridad llevado adelante en la noche del jueves por el gobierno porteño. Con el nombre de Tormenta Negra, la operación comprendió el envío de 1500 policías a unos quince asentamientos informales en la ciudad, con 17 detenciones y secuestro de vehículos, a lo que se sumó la clausura de locales y confiscación de mercaderías que constituyen en muchos casos fuentes de trabajo para los vecinos.
El operativo se realizó dos días después de la misa que los curas villeros oficiaron en la Plaza Constitución, en solidaridad con las víctimas de la trata de personas y otras formas de exclusión, dijeron a LA NACION fuentes de la Iglesia porteña.
El gobierno de Jorge Macri fundamentó el despliegue policial e informó que se llevó adelante en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. Y explicó que el objetivo es “reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”.
En sectores de la Iglesia llamó la atención que el despliegue policial se produjo dos días después de la misa celebrada en Constitución por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. Con un llamado a la reivindicación del “trabajo digno”, Cannavó llamó a “acompañar hasta que el otro se ponga de pie”.
En la celebración religiosa se leyó un pronunciamiento de los sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que expresaron su preocupación por las necesidades y situaciones que se viven en los asentamientos informales.
“Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden. Pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente. Muchas de nuestras villas no tienen ley de integración sociourbana. Esto hace que haya peculiaridades a tener en cuenta: el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento familiar, la precarización laboral, la falta de empleo, la falta de espacio en las viviendas, muchas de las cuales son precarias”, alertó el equipo de sacerdotes.
Y concluyeron: “Tendiendo a mejorar la ley y el orden, debiera haber una mejor comunicación con los vecinos. Nuestros barrios tienen centros de salud, escuelas, comedores, capillas y otras organizaciones que pueden ayudar a fortalecer esta comunicación y participación. En muchos de nuestros barrios hay deudas de obras públicas, de construcción de viviendas, de mejoras de tendido eléctrico, de cloacas y pluviales”.