El ministro Caputo vinculó los créditos hipotecarios con la justicia social y la Constitución

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los créditos hipotecarios son una prioridad para el Gobierno y los vinculó con el concepto de justicia social, que tiene respaldo en la Constitución Nacional desde 1994.

El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró: “Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social. Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para ahorrar y poder comprarla”.

La referencia a la “justicia social” generó repercusiones, pero dicha expresión se encuentra en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, que desde 1994 establece que corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social y a la generación de empleo. Dicho artículo constituye un mandato vigente.

El artículo 14 bis de la Constitución incluye el acceso a una vivienda digna entre los beneficios del Estado. Según el argumento del ministro, sin crédito, un trabajador formal podría necesitar treinta años de ahorro para comprar una vivienda, mientras que con crédito puede adquirirla y pagarla con su salario.

La reforma constitucional de 1994, a través del inciso 22 del artículo 75, otorgó jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1) reconocen el derecho a una vivienda adecuada.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.1, establece que los Estados deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos.

El ministro concluyó que el progreso, la justicia social y el acceso a la vivienda son fines establecidos en la Constitución que las políticas públicas deben hacer posible.

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