Tras la media sanción en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que excluyó los capítulos de Tierras y Manejo del Fuego, el Poder Ejecutivo decidió revisar su estrategia de comunicación y coordinación legislativa para evitar errores en futuros proyectos.
El jueves pasado, la Cámara de Senadores dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de eliminar los capítulos de Tierras y de Manejo del Fuego. Tras el resultado, el Gobierno nacional dispuso una revisión interna de su estrategia de comunicación y coordinación legislativa.
Según fuentes oficiales, la administración busca replicar la estrategia utilizada para explicar la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal. En el caso del BCRA, el presidente Javier Milei expuso su punto en cadena nacional, publicó una columna en el diario Clarín y participó en entrevistas mediáticas.
Un diputado de La Libertad Avanza declaró: “Javier se puso al hombro la comunicación. Explicó todo en detalle, pero supone un desgaste enorme”. En tanto, la Ley de Inocencia Fiscal fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa junto a contadores que participaron de la redacción del articulado.
La sesión del jueves motivó un proceso de introspección en la mesa política, que incorporará una nueva tarea por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: supervisar el detalle y definir los tiempos de envío de proyectos al Congreso. “La idea es que todos los proyectos pasen por la mesa para que se defina el momento de envío para su tratamiento en el Congreso”, precisó un integrante del círculo cercano al presidente.
Además, se determinó presentar públicamente cada proyecto antes de habilitar la discusión en el recinto para evitar “malas interpretaciones” y aclarar el sentido de la normativa.
Los cambios se instrumentan luego de que personalidades como Lali, Tini Stoessel y Emilia Mernes se expresaran en redes en contra del capítulo de venta de Tierras. Una fuente del oficialismo explicó: “Con Propiedad Privada cometimos muchos errores. No tuvimos un buen vocero, se mezclaron discusiones. Cambiamos hasta el nombre y la pasamos a llamar Ley de Tierras, con lo que implica la propiedad privada para nosotros”.
“Más allá de que el proyecto era muy ambicioso, estaba para tratarse hace un mes y medio cuando teníamos los apoyos”, agregó un funcionario.
La media sanción generó desazón interna y pases de factura. También evidenció un cambio en la relación con gobernadores aliados, de cara al año electoral. Un legislador señaló: “Se nos acumulan los proyectos. Vamos a tener que ordenarnos porque cuanto más tiempo pase, más cerca de la elección vamos a estar”.
Algunas voces de la administración detectan una modificación en la dinámica respecto del primer tramo de la gestión, cuando el asesor presidencial Santiago Caputo tenía mayor gravitación. Una fuente del espacio indicó: “Fue el año del ajuste. Éramos más audaces y disruptivos. Teníamos otra velocidad; ahora venimos más lentos”.
Este martes a las 13, la mesa política volverá a reunirse para ordenar el proceso, con posible participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Las idas y vueltas derivaron en más de 15 borradores y generaron tensiones internas entre su autor y la senadora Patricia Bullrich, quien negoció con los bloques aliados.
La tercera determinación de la mesa política fue priorizar los proyectos con respaldos necesarios. Postergado el tratamiento en Diputados, la Cámara Baja, presidida por Martín Menem, sesionará el 26 de agosto para tratar los cambios en el Banco Central, Inocencia Fiscal II y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajará esta semana a Catamarca junto a Luis Caputo para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Jalil fue de los primeros en rechazar el capítulo de extranjerización de la tierra, que contemplaba la venta de hasta un 25% de las tierras rurales.
El Gobierno busca evitar que los tropiezos complejicen el resto de la agenda legislativa, con varias iniciativas pendientes y un calendario condicionado por las elecciones.