Un temporal en Misiones dejó a Fracrán más de 48 horas sin electricidad, mientras se constata que la provincia no ha activado en 31 años el ente regulador creado por ley para controlar el servicio y proteger a los usuarios.
Buenos Aires, 21 julio (NA) – Vecinos, comercios y productores rurales de Fracrán, en el centro de Misiones, permanecieron más de 48 horas sin electricidad luego de que un temporal derribara decenas de postes. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las ráfagas registradas entre el viernes y el sábado provocaron la caída de árboles, cables y más de 30 postes en áreas rurales, afectando también a San Vicente, San Pedro y Pueblo Illia.
Energía de Misiones reforzó el operativo con cuadrillas propias, contratistas y equipos de otras zonas. Los trabajadores intervinieron durante la noche, bajo lluvia y sobre caminos anegados, para reconstruir las líneas eléctricas. La magnitud del temporal explica los daños inmediatos, pero no resuelve el problema de fondo: hogares que dependen de bombas eléctricas quedaron sin agua, se perdió comida almacenada en heladeras y congeladores, se complicó la conservación de medicamentos y establecimientos productivos no pudieron continuar trabajando.
El episodio expuso una omisión institucional que atraviesa a sucesivos gobiernos provinciales. Misiones tiene desde 1995 una ley que creó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), pero no existe evidencia pública de que el organismo haya sido constituido y operativo. La Ley X N.º 17 estableció que el EPRE debía controlar la prestación, fijar estándares de calidad, inspeccionar instalaciones, aplicar sanciones, atender denuncias y exigir que las empresas corrigieran incumplimientos. También ordenó que estuviera constituido dentro de los 60 días posteriores a la reglamentación de la norma.
Tres décadas después, los usuarios no cuentan con esa instancia independiente. La legislación les reconoce el derecho a recurrir al ente cuando la distribuidora no atiende un reclamo, a denunciar fallas, a recibir información sobre la calidad del servicio y a exigir penalidades por incumplimientos. En la práctica, quien padece un corte debe reclamar ante la misma estructura empresarial responsable de la distribución. No hay informes públicos periódicos que permitan comparar la duración y frecuencia de las interrupciones, conocer niveles de tensión, establecer estándares provinciales verificables o determinar automáticamente una compensación.
El reglamento de suministro publicado por la empresa tampoco fija un plazo máximo para restablecer la electricidad frente a una avería ni contempla una reparación económica obligatoria por la pérdida prolongada del servicio. La empresa tiene participación estatal mayoritaria y forma parte de la política energética conducida por la Provincia. La administración actual de Hugo Passalacqua mantiene el vacío institucional sin resolver.