El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reúne este martes a las 16 para tratar la iniciativa, que incluye sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y reformas en defensa, seguridad e inteligencia. El oficialismo aún no tiene aseguradas las firmas para emitir dictamen.
La Cámara de Diputados debatirá este martes el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, convocado para las 16. La reunión contará con la participación de invitados que expondrán sobre la iniciativa.
Hasta el momento, el oficialismo no tiene garantizadas las firmas necesarias para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento del proyecto. La discusión se había postergado luego de que La Libertad Avanza no lograra cerrar un acuerdo con sus aliados.
El proyecto del Poder Ejecutivo busca endurecer las sanciones contra las personas y empresas que participen en la exploración o explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. La propuesta amplía las restricciones vigentes, incorpora nuevas consecuencias penales y prevé un registro público de infractores.
Además, la iniciativa establece nuevas herramientas de coordinación estatal ante amenazas externas, incorpora disposiciones sobre inteligencia y financiamiento extranjero de actividades políticas, y modifica aspectos vinculados con la protección de infraestructuras críticas.
Uno de los principales cuestionamientos de los bloques aliados apunta a la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encabezado por el Presidente que tendría a su cargo la coordinación estratégica de distintas áreas del Estado, entre ellas defensa, inteligencia, seguridad y política exterior.
También hay reparos sobre las atribuciones previstas para responder ante amenazas consideradas graves, los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques hostiles, y la posibilidad de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos vinculados con la seguridad interior.
Otro de los puntos discutidos es el artículo 111, referido a las campañas de desinformación y a las acciones destinadas a alterar procesos electorales o afectar el orden público. Los cuestionamientos se concentran en la precisión de las figuras penales y en los posibles efectos sobre la libertad de expresión.
En las negociaciones, el oficialismo aceptó delimitar las empresas que pueden recibir sanciones y la redacción vinculada con las campañas de desprestigio y desinformación para delimitar mejor las conductas alcanzadas.