La reforma al artículo 41 de la Constitución mexicana, publicada el 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación, establece que una elección podrá ser anulada si se comprueba intervención o injerencia extranjera que haya influido en los resultados.
La reforma publicada este 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación agrega una nueva causa de nulidad de elecciones en México: a partir de ahora, si se comprueba que hubo intervención o injerencia extranjera que influyó en los resultados electorales, esa elección podrá ser anulada. Este cambio se incorpora al artículo 41 de la Constitución, reforzando la protección de la soberanía electoral frente a cualquier intento de influencia externa.
El decreto establece que la reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación, es decir, el próximo 3 de junio. Desde ese momento, las autoridades electorales deberán considerar esta nueva causal de nulidad en los comicios que se lleven a cabo en el país.
Por su parte, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán como plazo máximo el 5 de junio de 2026 para adecuar sus leyes al nuevo contenido constitucional. Además, el Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales, tanto federales como locales, deberán revisar y ajustar sus normas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de este decreto.
Este 2 de junio también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que introduce cambios profundos en el Poder Judicial mexicano, especialmente sobre la elección y renovación de jueces y magistrados. El decreto establece que la reforma también entrará en vigor el día siguiente a su publicación, es decir, el próximo 3 de junio.
Uno de los aspectos centrales es que la elección judicial federal y local se celebrará de forma coincidente el primer domingo de junio de 2028. Esta fecha marca el momento en que la ciudadanía podrá votar directamente para renovar la totalidad de los cargos de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas, bajo nuevas reglas de evaluación y paridad de género en las candidaturas.
La reforma modifica artículos clave de la Constitución, definiendo procedimientos para que el Senado, el Ejecutivo y la Suprema Corte propongan y evalúen candidaturas, que luego serán sometidas a la votación popular. El Instituto Nacional Electoral (INE) organizará estos procesos, asegurando transparencia y participación ciudadana.
Hasta la elección de 2028, las personas juzgadoras que debían concluir su encargo en 2027 permanecerán en funciones un año más, y quienes resulten electas tomarán protesta ante el Senado en septiembre de 2028. Las legislaturas estatales y el Congreso de la Unión deberán adecuar sus leyes dentro de plazos específicos para garantizar la aplicación plena de la reforma.
La reforma publicada este 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación introduce medidas para fortalecer la integridad de las candidaturas en procesos electorales. El decreto establece que la nueva normativa también entrará en vigor el día siguiente a su publicación, es decir, el próximo 3 de junio de 2026, y aplica a partidos políticos y aspirantes independientes.
Entre los principales cambios, se crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que recibirá listados de personas aspirantes a cargos públicos y, en coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia y finanzas, realizará un análisis de riesgo sobre sus perfiles. La entrega de información será voluntaria, y los partidos deberán establecer mecanismos para que los aspirantes autoricen este análisis.
La comisión, conformada por tres consejeros electorales, notificará a los partidos si detecta riesgos razonables relacionados con actividades delictivas en algún perfil, sin detallar la naturaleza del riesgo. A partir de esa información, cada partido decidirá si procede con el registro de la candidatura.