Un informe elaborado por el equipo de economistas de la provincia de Buenos Aires, coordinado por Roberto Feletti, señala que el ajuste fiscal del Gobierno nacional se extiende a provincias y municipios, tras recortes en jubilaciones, universidades, obra pública y programas sociales.
El nuevo Informe de Coyuntura Económica elaborado por el equipo de economistas y profesionales de la provincia de Buenos Aires que coordina Roberto Feletti advierte que el ajuste fiscal del Gobierno nacional entra en una nueva etapa: después del recorte sobre jubilaciones, universidades, obra pública y programas sociales, el impacto comenzaría a sentirse con más fuerza en provincias y municipios.
El documento sostiene que la administración de Javier Milei impulsa un proceso de transformación estructural orientado a convertir a la Argentina en una economía exportadora de materias primas, con desarrollo en agro, servicios y energía. El informe plantea que esa estrategia se subordina además a los intereses de Estados Unidos, en el marco de una disputa global por cadenas de suministros y recursos estratégicos. La lectura central es que el ajuste no es solo fiscal, sino también productivo, social y geopolítico.
El diagnóstico más fuerte aparece en la magnitud del recorte. El informe afirma que el Gobierno llevó el peso de la administración nacional desde un promedio histórico de 25 puntos del PBI a unos 15 puntos, una reducción que equivale a casi USD 50.000 millones. “Es una retirada salvaje de la inversión pública y social”, señala el documento, al advertir que si esa baja se consolida será imposible recuperar el consumo interno, principal dinamizador de la economía argentina.
Uno de los ejes del informe es el impacto del Pacto de Mayo sobre las cuentas provinciales y municipales. El documento recuerda que allí se acordó que el gasto del sector público consolidado —Nación, provincias y municipios— tenga un tope de 25% del PBI. Si el Estado nacional se mantiene en 15 puntos, las provincias y municipios deberían limitarse al 10% restante, por debajo de su promedio histórico conjunto, que ronda el 15% del PBI. El informe calcula que un eventual recorte de 5 puntos del PBI para adecuarse a ese techo implicaría una poda cercana a USD 25.000 millones en provincias y municipios.
El segundo eje del informe está puesto en la llamada “paradoja de Vaca Muerta” y el auge minero. El documento reconoce que la Argentina parece haber encontrado una vía para sortear la restricción externa a través del crecimiento de la oferta de energía. Sin embargo, advierte que esa oportunidad puede quedar capturada por elites económicas si no se articula con un proyecto industrial y distributivo. Según el informe, las exportaciones energéticas superaron los USD 11.000 millones en 2025, con un crecimiento cercano al 40% respecto de 2024, y el petróleo no convencional ya representa el 69% de la producción petrolera total.
El informe también incorpora indicadores de actividad y mercado laboral. El Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo mostró una suba interanual de 5,5% y una variación desestacionalizada mensual de 3,5%. Sin embargo, la tasa de desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, con un aumento de 1,1 puntos respecto del mismo período del año anterior, lo que equivale a 1,1 millón de personas desocupadas. La informalidad entre asalariados pasó de 36,1% a 36,3% entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. Además, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron 526.000 trabajadores registrados, según estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino.
En el plano monetario, el informe indica que en el primer trimestre de 2026 la base monetaria alcanzó un saldo promedio de $42,05 billones, equivalente al 4,26% del PBI. Para el informe, la incapacidad de estabilizar el sector externo fue una constante del bienio 2024-2025 y constituye una de las mayores fragilidades del modelo.