El régimen iraní declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. La medida se produce tras la decisión de Argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y en el contexto del avance de la causa AMIA hacia juicios en ausencia.
El régimen de Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, según informó el gobierno iraní. La decisión se produce después de que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, por sus vínculos con Hezbollah y por las responsabilidades atribuidas por la justicia argentina en los atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994.
La medida iraní también se registra en el contexto del avance de la causa AMIA hacia la realización de juicios en ausencia contra los acusados de organizar y ordenar el atentado contra la mutual judía, en el que murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos. Durante más de tres décadas, el régimen iraní ha impedido que los principales sospechosos comparezcan ante los tribunales argentinos, según sostuvo la justicia argentina.
La incorporación del juicio en ausencia al ordenamiento jurídico argentino y su aplicación a la causa AMIA fue dispuesta por el gobierno argentino. La medida busca que los acusados respondan ante la Justicia aunque se nieguen a presentarse.
La reacción iraní, según el gobierno argentino, pretende equiparar a las Fuerzas Armadas argentinas, instituciones de un Estado democrático subordinadas a la Constitución y al poder civil, con estructuras señaladas por su participación en actividades terroristas. La Armada y la Fuerza Aérea argentinas son instituciones del Estado sujetas a las leyes y a los controles democráticos, mientras que la Guardia Revolucionaria es un instrumento del poder teocrático iraní con una estructura propia y una proyección que excede las funciones militares convencionales, de acuerdo con la posición oficial argentina.
El gobierno argentino afirmó que la respuesta iraní revela la naturaleza del régimen que gobierna ese país. En lugar de responder a las acusaciones sobre su responsabilidad en los atentados y cooperar con la Justicia de un país que sufrió uno de los peores ataques terroristas de América Latina, Teherán eligió amenazar a sus instituciones militares, sostuvo el gobierno argentino.
La Argentina no debe dejarse intimidar, según la posición oficial. La respuesta tiene que ser firme, institucional y coordinada con sus aliados regionales e internacionales. No se trata de alimentar una escalada diplomática innecesaria, sino de dejar en claro que ninguna amenaza hará retroceder al país en su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, afirmó el gobierno.
Los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA no fueron episodios aislados ni hechos que puedan quedar sepultados por el paso del tiempo. Fueron ataques contra la sociedad argentina, contra la convivencia democrática y contra la vida de ciudadanos inocentes, declaró el gobierno argentino.
Un Estado que reclama justicia por esos crímenes no está provocando a nadie. Está ejerciendo un derecho y cumpliendo una obligación. Lo verdaderamente preocupante sería que, frente a las amenazas de un régimen que se niega a responder por los crímenes que se le atribuyen, la Argentina eligiera el silencio o la indiferencia, sostuvo el gobierno.
La memoria de las víctimas merece algo más que declaraciones. Después de más de 30 años de impunidad, retroceder no es una opción. Merece que el país sostenga, sin vacilaciones, su decisión de exigir justicia, concluyó el gobierno argentino.
