La Cámara alta convocó a una sesión para las 11 con el objetivo de aprobar iniciativas que ya tienen media sanción en Diputados, entre ellas la de fortalecimiento presupuestario para la discapacidad y la de inviolabilidad de la propiedad privada. También se tratarán el cabotaje marítimo, el tratado de patentes, la Ley Joaquín y la designación de autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
El Senado de la Nación convocó a una sesión para este jueves a las 11 con el fin de tratar un conjunto de proyectos que ya cuentan con media sanción en la Cámara de Diputados. La convocatoria se da en paralelo al debate por la reforma electoral, que continúa en comisión.
La sesión es la primera de tres previstas por el oficialismo para las últimas dos semanas del período ordinario. Las siguientes serán el 25 de noviembre, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, brinde su informe de gestión, y el 26 de noviembre, cuando se busca dar media sanción a la reforma electoral. En Diputados, en tanto, fracasó este miércoles una convocatoria por falta de quórum y se prevé tratar el Presupuesto 2027 el 25 de noviembre.
Proyectos en consideración
El proyecto de fortalecimiento presupuestario para la discapacidad, impulsado por la oposición y tomado por el oficialismo, establece nuevos requisitos para acceder a las pensiones, garantiza la compatibilidad de percibirlas con un empleo formal, determina la cobertura de salud y detalla un esquema de rehabilitación de pensiones suspendidas. El oficialismo confirmó que fueron eliminados los artículos del Presupuesto 2027 que afectaban al sector. Se aguarda una aprobación amplia, similar a la de Diputados. Para la jornada está prevista una movilización de personas con discapacidad.
Otro de los proyectos es el de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que en agosto tuvo su punto de mayor tensión durante el debate en torno a la ley de Tierras y de Manejo del Fuego, finalmente excluidas de la redacción. El régimen de Tierras sería refrendado en el proyecto, luego de la aprobación en Diputados, dada su sujeción a una situación de judicialización. Las modificaciones comprenden las metodologías de expropiaciones, al establecer que «la utilidad pública será de interpretación restrictiva» y fijar como límite de «ocupación temporánea anormal» un máximo de 90 días; y el de desalojos, que garantiza 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre «la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo».
También se tratará una iniciativa dictaminada la semana pasada por el Senado que busca la apertura del cabotaje marítimo y fluvial, ampliando la participación de buques extranjeros. Sindicatos del sector y operadores navales se manifestaron en contra y señalaron la necesidad de mayores incentivos fiscales para sostener la competitividad.
Se votará la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que en Diputados contó con 147 votos a favor y 93 en contra. El tratado, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y firmado en 1970, busca simplificar y unificar la etapa inicial de los trámites para proteger invenciones en otros países. Desde ese año, el país evitó plegarse, principalmente por reclamos de laboratorios nacionales, que cuestionan las consecuencias que podría tener la utilización de informes técnicos elaborados por oficinas extranjeras para el análisis de nuevas invenciones.
Otra de las iniciativas que llega desde Diputados con amplios apoyos es la denominada «Ley Joaquín», que busca garantizar medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos y recreativos públicos y privados para prevenir accidentes. Asimismo, se tratará un proyecto para establecer «protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes» en establecimientos educativos, deportivos, religiosos y culturales.
Finalmente, se votarán una serie de tratados internacionales, transferencias de patrimonios del Estado nacional a diferentes provincias y el ascenso al General de Brigada Sebastián Ignacio Ibañez.
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
La sesión representa el primer paso para la designación de autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), dedicado a controlar la situación de centros de detención y la labor de las fuerzas de seguridad. Los seleccionados como miembros por el ámbito legislativo son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. El representante de la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia será Leonardo Szuchet.
El CELS detalló en un comunicado una objeción particular contra Fernando Zarabozo, en la que apuntó contra su «falta de antecedentes, idoneidad e independencia del candidato». La acusación más grave es que «pondría en riesgo la independencia del organismo»: «Su carrera se desarrolló en las instituciones que el Comité debe controlar». Tras detallar su labor desde el 2024 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sintetizaron que «su función actual consiste en defender a los funcionarios policiales frente a las denuncias e imputaciones judiciales que se les dirigen, y en monitorear los sumarios vinculados al servicio. La función del Comité es la inversa».
