El máximo tribunal aplicó el mecanismo GVR en el expediente sobre el Estatus de Protección Temporal para venezolanos, mientras se aproximan los comicios legislativos del 3 de noviembre y persisten los cuestionamientos sobre su rol institucional.
La Corte Suprema de Estados Unidos analizó este lunes 5 de octubre el expediente que busca definir el futuro sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de miles de venezolanos. La resolución se produce a pocas semanas de las elecciones de medio término.
TPS para venezolanos: qué resolvió la Corte Suprema
En el caso 26-48, los jueces concedieron la petición de certiorari, dejaron sin efecto la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y ordenaron devolver el caso para una nueva evaluación. La fórmula utilizada corresponde al mecanismo conocido como GVR: conceder, anular, devolver.
El Noveno Circuito deberá reconsiderar el conflicto teniendo en cuenta el precedente establecido por la Corte Suprema en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324. Ese fallo fue el fundamento central utilizado por el gobierno para solicitar la revisión del caso.
La medida es de carácter procesal, por lo que la orden no establece si los venezolanos conservarán o perderán definitivamente el TPS. La situación de las autorizaciones de empleo y de las protecciones judiciales vinculadas con el programa estuvo cubierta hasta el 2 de octubre.
El origen del conflicto sobre el TPS de Venezuela
El conflicto sobre la extensión del TPS para ciudadanos venezolanos llegó a la Corte Suprema después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinara que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había excedido sus atribuciones al intentar revertir una extensión del programa que ya había sido aprobada.
En enero de 2025, el DHS extendió por 18 meses la protección migratoria para los venezolanos beneficiarios del TPS. Esa prórroga estableció como fecha final de vigencia el 2 de octubre de 2026.
Posteriormente, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, intentó dejar sin efecto esa extensión antes de su vencimiento. La National TPS Alliance y otros beneficiarios recurrieron a los tribunales para cuestionar la medida.
El 28 de enero del año en curso, el Noveno Circuito concluyó que la legislación no permite al Poder Ejecutivo cancelar de manera retroactiva una extensión del TPS que ya estaba vigente. El gobierno federal llevó entonces la disputa ante la Corte Suprema.
El 9 de julio, el procurador general John Sauer pidió al máximo tribunal que aplicara el mecanismo GVR: conceder la revisión, dejar sin efecto la decisión del tribunal inferior y devolver el expediente para un nuevo análisis.
La National TPS Alliance y los demás demandantes comunicaron en agosto que no se oponían al pedido de GVR bajo ese nuevo marco jurídico. El expediente fue analizado por los magistrados durante una conferencia privada el 28 de septiembre.
Corte Suprema: las elecciones agregan presión al nuevo período judicial
La resolución sobre este caso coincide con el inicio de la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La posibilidad de nuevos litigios sobre votos, recuentos y certificaciones podría llevar a la Corte Suprema a intervenir en controversias electorales en un escenario de división política.
Durante el verano boreal, los magistrados ya debieron intervenir en controversias relacionadas con el voto por correo y los mapas electorales. El objetivo de esas actuaciones fue evitar cambios de último momento que pudieran afectar el desarrollo de las elecciones.
Una eventual disputa postelectoral de mayor alcance colocaría a la Corte ante una decisión con consecuencias sobre el control del Congreso. El escenario también podría incrementar las críticas sobre el papel político del tribunal y sobre su capacidad para actuar como árbitro institucional.
“El tribunal es consciente del extraordinario politismo que impera en este momento”, afirmó Jeffrey Rosen, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, a The New York Times. “Si los magistrados consideran que existe una verdadera emergencia postelectoral, es difícil imaginar que no intervendrían si se les solicitara”, señaló.
La aprobación de la Corte Suprema cae antes de las elecciones
La situación ocurre cuando la imagen pública del tribunal atraviesa un período de cuestionamientos. Una encuesta de la Escuela de Leyes de Marquette realizada en septiembre indicó que el 57% de los estadounidenses considera que los magistrados toman decisiones influenciadas por la política y no únicamente por la ley.
El mismo sondeo ubicó en 43% la aprobación general de la Corte. Entre los votantes de orientación demócrata, el 78% consideró que la mayoría conservadora de seis jueces contra tres evita pronunciarse en contra del gobierno de Donald Trump.
“El tribunal no forma parte de ningún movimiento político. Y no estamos intentando promover ninguna agenda política”, indicó el juez Samuel A. Alito Jr. a CBS News. “Estamos tratando de interpretar la Constitución lo mejor posible y aplicarla en los casos que se nos presentan”, agregó.
Según el análisis de The New York Times, la discusión también alcanzó posibles cambios en el funcionamiento del máximo tribunal. Entre las propuestas mencionadas se encuentran limitar la permanencia vitalicia de los magistrados y establecer un sistema de ética con carácter obligatorio.