Funcionarios y representantes de la producción y la industria semillera se reunieron en la Secretaría de Agricultura para discutir la modificación de la Ley de Semillas. El Gobierno elaborará un proyecto tras evaluar las posiciones.
El Gobierno se reunió con las entidades de la mesa de enlace y la industria semillera para analizar la modificación de la actual Ley de Semillas. La reunión de trabajo se realizó en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y permitió intercambiar posiciones sobre uno de los puntos más sensibles de la discusión: el derecho de los productores a guardar semilla para volver a sembrar y el reconocimiento económico a los desarrolladores de nuevas variedades. Ahora, tras recoger la información, el Gobierno armará el proyecto de ley.
Del encuentro participaron el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, junto con representantes de distintos sectores de la producción y de la industria semillera.
Según explicó Lucas Magnano, titular de Coninagro, el diálogo fue constructivo y permitió avanzar en distintos aspectos, aunque todavía persisten diferencias entre las partes.
“Representantes de los productores y de los obtentores mantuvieron una reunión con la presencia de autoridades del Gobierno Nacional. El diálogo fue constructivo y permitió avanzar en varios puntos, aunque todavía persisten diferencias”, señaló Magnano.
El dirigente remarcó además la necesidad de preservar el ámbito de diálogo que se generó durante las últimas reuniones. “Los participantes coincidieron en la importancia de cuidar el espacio de confianza que se generó y seguir buscando una solución”, indicó.
Magnano también explicó que ahora será el Gobierno el encargado de analizar la información y las posiciones planteadas durante las reuniones. “El Gobierno evaluará la información recibida y elaborará una propuesta. Antes de avanzar, volverá a convocar a productores y obtentores para escuchar sus observaciones”, señaló.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) también destacaron la importancia de la reunión. “En la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados a una posible reforma y se plantearon temas que aún requieren análisis y discusión. En este sentido, continuaremos trabajando junto a las entidades de la producción para avanzar en una posición común y realizar los aportes correspondientes”, indicó la entidad.
La SRA señaló además que aguardará la propuesta del Gobierno para analizarla institucionalmente y fijar posición sobre sus alcances. La entidad valoró que exista un ámbito de diálogo y planteó que una reforma de esta importancia debería contemplar “consenso amplio, equilibrio, previsibilidad y reglas claras”, compatibilizando la innovación y el desarrollo tecnológico con los derechos del agricultor y la realidad productiva.
La Federación Agraria Argentina no participó del encuentro por cuestiones de agenda, debido a que este martes y miércoles llevará adelante su Congreso Anual Ordinario en Rosario.
La reunión se produjo apenas diez días después de la tercera reunión de la Mesa de Enlace con la Asociación de Semilleros Argentinos, donde las partes habían avanzado sobre algunos aspectos, aunque todavía mantenían diferencias en torno al uso propio de semillas.
Uno de los principales avances fue acordar que la información del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) sea utilizada como referencia para intentar establecer un eventual límite. El sistema registra, entre otros datos, la superficie sembrada y la producción y permite clasificar a los productores en diez deciles según su escala.
La propuesta apunta a utilizar esa información para determinar quiénes podrían conservar y utilizar semilla propia sin pagar nuevamente por la tecnología y quiénes deberían reconocer una regalía. Por ahora, existe coincidencia sobre la posibilidad de utilizar este criterio, pero todavía no hay acuerdo sobre los números concretos.
La diferencia aparece justamente al momento de definir dónde debería ubicarse el límite. Desde las entidades de la producción plantean que determinados deciles deberían quedar alcanzados por el pago y que los productores de menor escala deberían mantener el beneficio del uso propio gratuito. ASA, en cambio, trabaja identificando desde los productores más chicos hacia arriba cuáles podrían quedar exceptuados.