El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un presupuesto con beneficios fiscales y recortes, mientras los gobernadores evalúan estrategias electorales para 2027. En paralelo, avanzan causas judiciales que involucran al kirchnerismo y a empresas de residuos peligrosos.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de presupuesto que incluye la derogación de la emergencia en discapacidad, nuevos recortes a las universidades y beneficios fiscales por 200 millones de dólares para las centrales termoeléctricas Guillermo Brown y Vuelta de Obligado, controladas por Nicolás ‘Nicky’ Caputo, según el artículo 65. El artículo 67 propone reducir de diez a cinco años el plazo para ejecutar los créditos fiscales obtenidos por los concesionarios de rutas nacionales.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, transmite al peronismo federal que cuenta con votos suficientes para suprimir o suspender las PASO en el Senado, mientras que por canales informales comunica al cristinismo su desacuerdo con esa medida. La exclusión de la reforma a la carta orgánica del Banco Central, resuelta por Patricia Bullrich para evitar el fracaso de la sesión, contrasta con las versiones sobre alianzas electorales.
La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado incorporó al temario una propuesta de Martín Goerling (Pro) sobre ficha limpia, luego de que el año pasado el oficialismo frustrara su aprobación con los votos en contra de Sonia Rojas y Carlos Arce, senadores por Misiones alineados con Carlos Rovira. Las PASO no fueron analizadas en la reunión de comisión de esta semana y el Pro no respaldaría esa iniciativa.
El bloque de la UCR es un enigma que solo puede revelar su jefe, Eduardo Vischi, senador correntino aliado al gobernador Juan Pablo Valdés. Los gobernadores, aunque reprochan la falta de liderazgo de sus matrices partidarias, encuentran en la crisis una zona de confort. Gustavo Sáenz recibió en Salta a Victoria Villarruel, en un gesto que pone en valor la pretensión de aliarse al oficialismo o a la oposición según convenga en 2027.
Según versiones periodísticas, todas las provincias desdoblarán los comicios para elegir primero al gobernador y luego al presidente. Hay gobernadores interesados en que Milei sea reelecto para posicionarse como candidatos presidenciales en 2031, un plan que se atribuye a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba). Natalia De la Sota criticó veladamente a Llaryora en la misa que organizó en Río Cuarto para recordar a su padre José Manuel, al afirmar que su padre no hubiese respaldado las políticas de Milei. El jefe de Gabinete de Llaryora, Manuel Calvo, le avisó un día antes que el gobernador y parte de su gabinete asistirían al oficio religioso.
El apellido De la Sota causó revuelo cuando trascendió que Sergio Massa la menciona en reuniones con dirigentes como eventual candidata a presidente. Aunque nadie toma en serio que Massa decline su propia postulación, el comentario provocó incomodidad entre dirigentes del peronismo federal. El peronismo necesita capturar el casi 10 por ciento del total de electores de Córdoba. Se especula que las elecciones a gobernador serán entre marzo y mayo y parece difícil que Llaryora evite que De la Sota compita con él.
Cristina Fernández de Kirchner tampoco descarta ser candidata en una PASO a pesar de las malas noticias judiciales. La opositora lista Naranja de la UOM impugnó la participación de Ricardo Lorenzetti en el recurso presentado en la Corte por Abel Furlán contra la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La oposición a Furlán recordó que Lorenzetti fue asesor de la UOM de Rafaela durante 18 años y forjó un estrecho vínculo con su titular, Roberto Oesquer, quien comparte con Furlán la conducción de la UOM intervenida.
El titular de la Corte, Horacio Rosatti, deberá convocar a un conjuez cuando el máximo tribunal se expida sobre ese recurso. En Tribunales creen que Furlán perdió con Lorenzetti un voto que contaba seguro. Además, el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, objetó en la Corte que Furlán se presente como titular del gremio, condición puesta en suspenso por la intervención.
Las demoras atribuidas al juez federal Ernesto Kreplak en la investigación sobre el fentanilo contaminado impiden determinar con exactitud el grado de involucramiento de Tri Eco en la causa. Tri Eco, Stericycle, Hábitat Ecológico y Arcillex forman parte del grupo de empresas controladas por los hermanos Fernando y Gustavo Mauro. HLB Pharma encomendó a Tri Eco la destrucción de cinco kilos de fentanilo el 13 de mayo de 2025, el mismo día en que se denunció penalmente a su titular, Ariel García Furfaro, por distribuirlo contaminado y causar la muerte de un centenar de pacientes.
De un kilo de fentanilo pueden obtenerse dos millones de dosis de un fármaco 50 veces más potente que la heroína. El avance de la investigación debería confirmar o descartar vacíos en la cadena de documentación que demuestren la destrucción fehaciente de esa droga. García Furfaro integró en 2020 la delegación oficial enviada por Alberto Fernández a Rusia para negociar en secreto la compra de vacunas Sputnik contra el Covid-19.
La compra de Hábitat Ecológico en 2007 marcó el ingreso de los Mauro a la actividad de residuos peligrosos, consolidada en 2011 con el gerenciamiento de Stericycle. Hugo Alconada Mon reveló en 2022 que Stericycle admitió ante la SEC de Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios públicos en Argentina para retirar residuos hospitalarios. Hábitat Ecológico es una de las firmas mencionadas en la documentación oficial de la SEC, que denomina ‘alfajores’ a las coimas, según algunos, una ocurrencia de Gonzalo Añaños, exCEO de Stericycle en Argentina. Tras admitir su responsabilidad, Stericycle vendió sus operaciones en el país a los Mauro.
A través de Arcillex, los Mauro solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente bonaerense habilitar un relleno sanitario en Alejandro Korn, donde prevén recibir tres mil toneladas de residuos de una decena de municipios y más de 20 parques industriales que rodean al partido de San Vicente, gobernado por el intendente Nicolás Mantegazza. Ni los municipios ni las empresas están obligados a depositar sus residuos en el Ceamse. Cada municipio paga al menos 21 mil pesos por tonelada depositada, mientras que las empresas privadas pagan el triple, lo que equivale a una recaudación superior a los 100 mil dólares diarios solo por los parques industriales. Quienes conocen el negocio aseguran que la sobreestimación de toneladas ingresadas es la forma de tentar a los municipios.
La hipótesis de una destrucción precipitada y temeraria del fentanilo justifica las dudas sobre su eliminación total. Es un mito que, tal vez, sea desmentido con los avances que tarde o temprano tendrá la causa en poder del juez Kreplak.