El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que instruye a agencias estatales a investigar casos de turismo de nacimiento. La medida no modifica la ciudadanía por nacimiento, según fallo de la Corte Suprema de junio de 2026.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que instruye a distintas agencias estatales a investigar supuestos casos de “turismo de nacimiento”, práctica que consiste en viajar a Estados Unidos para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para el recién nacido.
En un comunicado difundido por CBS News, Abbott declaró: “Texas no tolerará la explotación de nuestras leyes migratorias por parte de personas que viajan a Estados Unidos de manera ilegal o bajo falsas pretensiones para dar a luz y asegurar la ciudadanía de sus hijos”.
La orden establece que los proveedores de salud con licencia que participen en este tipo de actividades podrán enfrentar medidas disciplinarias, que incluyen la suspensión o revocación de licencias profesionales, la exclusión de contratos estatales, la pérdida de beneficios otorgados por el estado y otras acciones permitidas por la legislación texana.
La medida responde al caso del Mission Regional Medical Center, ubicado en el Valle del Río Grande, que según el gobernador promocionaba servicios dirigidos a viajeros extranjeros interesados en dar a luz en Texas para que sus hijos obtuvieran la ciudadanía estadounidense. El hospital negó las acusaciones y afirmó haber abandonado esa publicidad.
El gobierno estatal también detectó otros casos, como el Knapp Medical Center, de Weslaco, y el De’Ai Postpartum Care Center, de Houston.
Las investigaciones ocurren en un contexto de debate sobre la ciudadanía por nacimiento, pero no la afectan. La Corte Suprema dictaminó a fines de junio de 2026 que los bebés nacidos en Estados Unidos tienen derecho constitucional a la ciudadanía, rechazando el intento del presidente Donald Trump de poner fin a esa política.
En una decisión de seis votos contra tres, el presidente de la Corte, John Roberts, dictaminó que los niños nacidos en Estados Unidos “de padres que se encuentran ilegal o temporalmente en el país” son “ciudadanos por nacimiento” según la 14ª Enmienda.
Trump había intentado limitar ese derecho mediante una orden ejecutiva, argumentando que los hijos de inmigrantes indocumentados y algunos visitantes temporales no estaban “sujetos a su jurisdicción” y, por lo tanto, no eran elegibles para la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El American Immigration Council (AIC) recuerda que la Decimocuarta Enmienda fue incorporada en 1868 tras la Guerra Civil y establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
El AIC explica que “esta garantía constitucional fue redactada intencionadamente para asegurar la igualdad ante la ley, independientemente de la raza, la ascendencia o la filiación” y que su promulgación sirvió para revocar la decisión del Tribunal Supremo de 1857 en el caso Dred Scott, que había declarado que las personas negras nacidas en Estados Unidos nunca podrían ser ciudadanas.