La administración de Donald Trump coordina la cancelación de hasta 200.000 visas de turismo y negocios (B1 y B2) emitidas entre 2016 y 2026, en el marco de una política migratoria restrictiva.
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado, trabaja en un plan para revocar visas de turismo y negocios (categorías B1 y B2) emitidas entre 2016 y 2026. Según fuentes oficiales, la medida podría afectar hasta 200.000 permisos y tiene como objetivo identificar a extranjeros que ingresaron al país con estos visados y posteriormente solicitaron asilo o residencia permanente.
El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró a la prensa local: “Estamos coordinando para identificar y revocar estas credenciales de quienes alegan ser visitantes de corta duración pero terminan solicitando quedarse permanentemente”. La implementación de la medida se espera en las próximas semanas.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, expresó en sus redes sociales: “La gente está harta de las solicitudes fraudulentas. El asilo no debería ser una trampa para eludir la ley de inmigración”.
La revocación de visas no implica una deportación inmediata. Según funcionarios, los afectados serán reclasificados mientras la justicia evalúa sus solicitudes de asilo.
Esta acción se suma a otras medidas migratorias adoptadas durante el segundo mandato de Trump, como la revisión de redes sociales de viajeros y el aumento de fianzas. En el último año y medio, el gobierno canceló 175.000 credenciales de extranjeros por delitos menores o participación en protestas contra la política exterior estadounidense en Medio Oriente.
Además, la administración busca restringir el “turismo de maternidad”, práctica por la cual mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos para que sus hijos obtengan la ciudadanía. Esta medida enfrenta obstáculos legales, ya que la Corte Suprema ha frenado intentos anteriores de limitar este derecho constitucional.
En el ámbito corporativo, la Casa Blanca propone un arancel de 103.000 dólares para empresas que contraten profesionales extranjeros mediante la visa H-1B. Un intento previo de aplicar un impuesto de 100.000 dólares fue bloqueado en junio por un juez federal tras una demanda de 20 gobernadores demócratas. El nuevo recargo se implementaría por vía administrativa mientras el caso original sigue en apelación.
El gobierno otorga 85.000 visas H-1B por año, y el aumento de tarifas podría dificultar la contratación de talento extranjero en sectores como tecnología, medicina e ingeniería.