La Cámara Federal de Casación resolvió devolver la causa por la propiedad de Villa Rosa, Pilar, al Juzgado Federal de Campana, tras haber pasado por 14 despachos judiciales en ocho meses. El fiscal general Mario Villar apelará la decisión ante la Corte Suprema.
La investigación por la propiedad de Villa Rosa, en Pilar, provincia de Buenos Aires, fue devuelta al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, según resolvió la Cámara Federal de Casación el 14 de agosto. La causa, iniciada en diciembre de 2025 por una denuncia por posible lavado de activos vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), había pasado por 14 despachos judiciales en ocho meses.
El juez Daniel Rafecas ordenó los primeros allanamientos y medidas de prueba. Luego, la Cámara de San Martín derivó el caso al Juzgado Federal de Campana. Tras un período de cinco meses sin avances significativos, la causa pasó al fuero penal económico porteño, donde se realizaron pericias y cruces financieros. La decisión de Casación, adoptada con los votos de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky y la disidencia de Alejandro Slokar, establece que el lavado de activos corresponde a la justicia federal.
El fiscal general Mario Villar anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La propiedad en cuestión supera las 10 hectáreas e incluye helipuerto, haras, pistas deportivas, accesos biométricos y un galpón donde se secuestraron 54 vehículos de alta gama, valuados en cerca de 4 millones de dólares. El peritaje oficial tasó el complejo en más de 20 millones de dólares. Los propietarios declarados son Ana Lucía Conte, jubilada, y su hijo Luciano Pantano, monotributista y exdirigente de una liga afiliada a la AFA. La sociedad que los representa, Real Central SRL, no registra operaciones económicas que justifiquen la adquisición.
Durante los allanamientos se hallaron objetos personales, reconocimientos institucionales y documentación de vehículos a nombre de familiares del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien está vinculado a la propiedad.
El juez Charvay, que ya tuvo la causa por cinco meses sin citar a los principales involucrados, recibirá nuevamente el expediente. La presunción de inocencia rige para todos los involucrados hasta que exista sentencia firme.