El ministro de Salud cuenta con el respaldo de Javier Milei, pero en el oficialismo advierten que el caso podría escalar. Dos exfuncionarias de la Anmat fueron detenidas y luego excarceladas.
La semana pasada, el Gobierno enfrentó la detención de dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en el marco de la causa por las muertes por fentanilo contaminado. El expediente, que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, incluye alusiones al ministro de Salud, Mario Lugones.
Fuentes de la Casa Rosada consultadas por LA NACION señalaron que la tragedia, que causó al menos 90 muertes, es un tema de atención. Lugones permanece en su cargo y el presidente Javier Milei replicó el sábado un mensaje suyo sobre gestión sanitaria. Sin embargo, en el oficialismo existe preocupación por las posibles derivaciones del caso.
“A Mario se lo ve tranquilo, pero sabe que si la política quiere herirlo, lo puede meter en el medio de la escena”, indicaron allegados al ministro. En agosto de 2025, Lugones se refirió a los responsables de la producción de la droga elaborada en Laboratorios Ramallo y comercializada por HLB Pharma, ambas propiedad del detenido Ariel García Furfaro: “Es un atentado a la gente, no tienen derecho a hacer lo que hicieron, es de mala gente hacer esto”.
La exjefa de la Anmat Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) Gabriela Mantecón Fumadó fueron detenidas y luego excarceladas tras una caución real de 75 millones de pesos. La fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostienen que las exfuncionarias tuvieron responsabilidad en la producción, comercialización y suministro del fentanilo contaminado, y que operó un “manto de cobertura estatal”.
Mantecón Fumadó declaró que Lugones era informado de las decisiones sobre Ramallo y HLB y que había promovido el cierre del laboratorio. La exjefa del Iname fue despedida en agosto de 2025, mientras que Bisio renunció en enero de 2026.
En el Gobierno afirmaron que no hay colaboración con la situación judicial de las exfuncionarias y que se “les soltó la mano desde hace tiempo”. Además, señalaron: “Que la Justicia actúe con celeridad; que todos los responsables estén tras las rejas”.
Voces del oficialismo reconocieron que el caso genera ruido interno y que el Gobierno no tiene un buen abordaje de crisis. También mencionaron desinteligencias en el Ministerio de Salud entre el estratega Santiago Caputo y Rodrigo Lugones, hijo del ministro. La cartera además enfrenta el avance judicial por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En el kirchnerismo esperan que el 19 de agosto, cuando la Cámara de Diputados sesione, se impulse el tratamiento de una nueva ley de la Anmat. Referentes opositores coinciden en que el organismo necesita una regulación más clara. Lugones impulsa una reforma del área.
Durante 2025 funcionó en Diputados la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado, presidida por la socialista Mónica Fein. Lugones no asistió a esa instancia y respondió por escrito. Según fuentes, el triunfo electoral de octubre diluyó la presión de la comisión.