Siete familias de la comunidad Puente Quemado II denunciaron destrucción de viviendas y cultivos, amenazas a transportistas y falta de garantías tras un operativo policial ejecutado el 28 de julio.
Comunidades mbya guaraníes de Misiones anunciaron que presentarán una denuncia ante las Naciones Unidas por presuntas irregularidades judiciales, hostigamiento e intimidaciones ocurridas tras el desalojo de siete familias de Puente Quemado II, en el municipio de Garuhapé.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto escaló el 28 de julio, cuando alrededor de 50 efectivos de la Policía provincial ejecutaron una orden de desalojo sobre tierras que la comunidad reconoce como territorio ancestral y que fueron relevadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo la Ley 26.160.
La medida fue dictada en una causa iniciada a partir del reclamo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien sostiene derechos sobre el inmueble. La defensa indígena afirmó que había presentado una apelación con efecto suspensivo antes del operativo.
Dos días después, el fiscal Héctor Daniel Simón cuestionó la resolución y pidió que fuera revisada o elevada a la Cámara de Apelaciones por la complejidad constitucional del conflicto.
Las familias regresaron al territorio el 2 de agosto y denunciaron que encontraron sus viviendas y cultivos destruidos. A ese escenario se sumó la difusión de un audio en el que un hombre advertía a un remisero que no volviera a trasladar miembros de la comunidad porque lo tenían “marcado los milicos”.
Según el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMiPA), el conductor dejó de realizar los viajes por temor y otros trabajadores adoptaron la misma decisión.
Puente Quemado II se encuentra a unos 30 kilómetros del casco urbano de Garuhapé y no posee un servicio regular de colectivos. Impedir o desalentar los traslados restringe el acceso de las familias a alimentos, salud, trámites y asistencia jurídica.
EMiPA también cuestionó una presentación de la parte que reclama las tierras, que —según la organización— solicita la detención de una de sus integrantes, el secuestro de vehículos utilizados para llegar al territorio y una presencia policial permanente.
Esas afirmaciones corresponden a la versión de la entidad y deberán ser evaluadas por la Justicia, al igual que las denuncias sobre amenazas y daños. La intervención de la Policía de Misiones obliga al Poder Ejecutivo provincial a dar explicaciones.
El gobierno de Hugo Passalacqua no puede reducir el episodio a una disputa entre privados ni refugiarse en que el desalojo fue ordenado por un juez. La fuerza que intervino depende de la Provincia y las acusaciones de hostigamiento mencionan directamente a policías.
La administración misionera tiene la obligación de establecer quién diseñó el operativo, qué instrucciones recibieron los efectivos y qué ocurrió con las viviendas y los cultivos después de la salida de las familias. También debe preservar el audio difundido, identificar a su autor, garantizar la circulación de transportistas y asegurar que ninguna persona sea intimidada por brindar asistencia. La investigación tiene que contemplar tanto los derechos invocados por el propietario como el relevamiento territorial y las garantías constitucionales de la comunidad.
Cuando ciudadanos argentinos consideran que deben acudir a la ONU para obtener protección frente a una fuerza provincial y a la Justicia local, el problema ya supera una controversia posesoria. Es una señal de desconfianza institucional que Passalacqua debe responder con una investigación transparente, no con silencio.