La Corte Constitucional ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) trasladar en un plazo máximo de 10 días a comunidades indígenas desplazadas en San José del Guaviare a un albergue digno. La decisión fue adoptada mediante el Auto 851 de 2026.
La Corte Constitucional ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) trasladar en un plazo máximo de 10 días a comunidades indígenas desplazadas en San José del Guaviare a un albergue digno. La decisión fue adoptada mediante el Auto 851 de 2026 y busca responder a la situación de familias que llevan meses, e incluso años, en condiciones precarias.
Las comunidades afectadas pertenecen a los pueblos jiw, nükak y embera. Algunas familias permanecen en coliseos desde hace dos años y medio, mientras otras viven en el malecón sobre el río Guaviare, a la espera de una solución institucional que garantice alojamiento, atención y protección.
La Corte fue clara en un punto clave: no es necesario que estas familias estén inscritas en el Registro Único de Víctimas para recibir atención. Con esa precisión, el alto tribunal busca evitar que un trámite administrativo se convierta en una barrera para comunidades que enfrentan desplazamiento, vulnerabilidad y riesgo humanitario.
La orden también incluye la entrega periódica de ayuda humanitaria de emergencia y atención en salud mientras persistan las condiciones de vulnerabilidad. Para la Corte, la respuesta estatal debe mantenerse mientras las familias no cuenten con condiciones reales para superar la emergencia.
Corte pide corredores humanitarios
El auto no cobija únicamente a las familias indígenas desplazadas que permanecen en San José del Guaviare. También incluye a comunidades jiw que están en situación o riesgo de confinamiento en los resguardos Barranco Colorado, Laguna Araguato-Barranco Ceiba, Mocuare y Naexal Lajt, además de los asentamientos de Las Zaragozas.
La Corte solicitó a la Defensoría del Pueblo colaborar con la Uariv en la apertura de corredores humanitarios para acceder a las comunidades confinadas. También pidió acompañamiento de la Procuraduría y la Personería Municipal de San José del Guaviare para hacer seguimiento a las familias afectadas.
La decisión responde a una crisis que ha superado la capacidad local. Hace una semana, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, informó la llegada de cerca de 70 personas de la etnia jiw, desplazadas desde el municipio de Mapiripán, Meta.
Según el reporte, el municipio alberga en total a 253 personas desplazadas que no han sido reubicadas por falta de apoyo de otras entidades. El alcalde ha cuestionado la ausencia de respaldo suficiente por parte de la Alcaldía de Mapiripán, la Gobernación del Meta y el Ministerio del Interior.
Disputa armada agrava la crisis
En mayo, el alcalde sostuvo que el desplazamiento de miembros de la comunidad jiw habría sido causado por enfrentamientos entre disidencias de las Farc asociadas a alias “Mordisco” y alias “Calarcá”. La disputa territorial entre estos grupos ha aumentado la presión sobre comunidades indígenas y rurales en el Guaviare.
La situación tiene como trasfondo la fractura entre esas estructuras. Después de haber sido aliadas y de negociar conjuntamente con el gobierno de Gustavo Petro, el grupo de “Mordisco” se apartó de la mesa de diálogos en 2024. Desde entonces, la confrontación por el control territorial se ha mantenido en zonas estratégicas para economías ilegales.
El reporte señala que “Calarcá” se fortaleció durante ceses al fuego hasta 2025, mientras surgían denuncias de infiltración en el Ejército y en la inteligencia del Estado. Esa disputa terminó impactando territorios como la Trocha Ganadera, corredor señalado por su importancia para actividades ilegales.
La orden de la Corte llega, además, en medio de incertidumbre sobre el futuro de la mesa de diálogo con “Calarcá”, luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara que pondrá fin a la política de Paz Total del actual Gobierno.
Por ahora, la prioridad fijada por el alto tribunal es humanitaria: sacar a las familias de espacios improvisados, garantizar atención urgente y permitir el acceso a comunidades que permanecen confinadas o en riesgo.