Un grupo de legisladores presentó una denuncia penal contra la diputada Marcela Pagano por supuestos delitos patrimoniales, que también alcanza a su pareja, Franco Bindi.
Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal ante el fuero Criminal y Correccional Federal contra la diputada Marcela Pagano. Los cargos incluyen omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. La denuncia también alcanza a Franco Bindi, pareja de la legisladora, por su presunto carácter de instigador y cómplice necesario en los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según los denunciantes, Pagano habría designado como personal de apoyo parlamentario a personas con vinculación directa con Bindi y a familiares directos de socios de él en la sociedad Somos Fitness S.A., que opera un gimnasio en el barrio porteño de Almagro. Sostienen que estas personas habrían reintegrado total o parcialmente sus honorarios provenientes del erario público a Bindi o a Pagano mediante transferencias bancarias, depósitos en cuentas de terceros o pagos en efectivo.
Bindi es abogado y empresario de medios. Reconoció públicamente su amistad con el expresidente de Bolivia Evo Morales. Ha estado vinculado a la filtración de los audios del despedido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo. Su exmujer, la abogada Giselle Robles, lo acusó de estar detrás de esa filtración. La investigación, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, no habría hallado pruebas contundentes contra Bindi y apuntó hacia Fernando Cerimedo, exasesor de comunicación de La Libertad Avanza. El extitular de la Andis declaró en la causa y dijo que no conocía a Bindi. Solicitó que los audios sean peritados para demostrar que fueron adulterados. La pericia fue ordenada por el juez Ariel Lijo hace tres semanas.
Bindi también estuvo vinculado a la causa de Leonardo Fariña, arrepentido en el caso de Lázaro Báez. El nexo fue Maximiliano Mazzaro, exjefe de la barra brava de Boca Juniors que estaba en prisión acusado de homicidio. Fariña reveló que Bindi le confesaba reuniones con autoridades de la Secretaría de Inteligencia. Bindi fue abogado de Lázaro Báez.
En 2019, tras la denuncia del empresario Pedro Etchebest contra Marcelo D’Alessio y el fiscal Stornelli, D’Alessio afirmó desde la cárcel que Bindi organizó el llamado Operativo Puf para intentar voltear la causa Cuadernos.
En diciembre de 2024, Pagano presentó una denuncia penal contra agentes de tránsito que intervinieron en un control que involucró a dos rusos que trabajan en la embajada de ese país. Bindi negó cualquier acercamiento con el Kremlin.
El diputado Rodolfo Tailhade, designado a cargo del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, expuso datos privados de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante un informe en la Cámara de Diputados. Tailhade fue posteriormente denunciado por espionaje ilegal.