El presidente boliviano rechazó negociar bajo presión y cuestionó a los sectores que impulsan bloqueos para exigir su salida del poder.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que su gobierno hará respetar la Constitución frente a las protestas y bloqueos de rutas que reclaman su salida del poder, en medio de una crisis política y social que ya lleva casi tres semanas.
“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar. Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar”, sostuvo Paz durante un acto oficial por el aniversario de la gesta libertaria de Sucre, capital constitucional del país.
Las protestas comenzaron hace unos veinte días y se concentran principalmente en el departamento de La Paz, aunque en la última semana se extendieron a Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. Entre los sectores movilizados aparecen sindicatos campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana y agrupaciones afines al ex presidente Evo Morales.
El conflicto provocó bloqueos en rutas estratégicas y complicó el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en distintas regiones, especialmente en La Paz y El Alto. Ante esa situación, el gobierno organizó puentes aéreos para trasladar insumos básicos y buscó apoyo logístico e internacional.
Paz aseguró que mantiene abierta la vía del diálogo, pero remarcó que las conversaciones no pueden darse “bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo” ni ante la falta de combustible y medicamentos. “No voy a dialogar con los que no dialogan”, advirtió.
La tensión creció durante el fin de semana luego de un intento fallido de establecer un corredor humanitario para permitir el ingreso de suministros a La Paz, operativo que derivó en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
En paralelo, el mandatario ratificó la realización del Consejo Económico y Social previsto para este miércoles en La Paz, donde se discutirán demandas regionales y proyectos vinculados a hidrocarburos, minería, litio e inversiones.
Paz también negó que su administración tenga previsto privatizar empresas estatales o aumentar tarifas de servicios básicos como electricidad, salud o educación, en respuesta a cuestionamientos de la oposición y de los movimientos sociales.