La Justicia recibió un pedido formal de prisión preventiva para el productor teatral Aldo Funes, procesado por abuso sexual agravado, y para Sandra Cárpena, madre de la víctima, coimputada en la causa.
Buenos Aires, 21 mayo (NA) – La querella solicitó la prisión preventiva del empresario teatral Aldo Funes y de Sandra Cárpena, madre de la víctima, en el marco de la causa por abuso sexual contra Brisa Póvolo.
Funes está procesado por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado en tres oportunidades, ocurridas presuntamente entre 2013 y 2014, cuando la víctima tenía 15 años. Según el documento judicial, los hechos ocurrieron en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires, en cercanías de teatros donde Funes ejercía representación de obras teatrales, mediante el ejercicio de violencia y amenazas.
Actualmente, Cárpena se encuentra detenida por una causa de extorsión contra Funes, pero está próxima a recuperar la libertad. La querella sostiene que ella facilitó el contacto entre el empresario y su hija.
La defensa de la víctima argumentó que la calificación penal actual es incompleta y solicitó agregar los agravantes de abuso sexual con sometimiento ultrajante, que habría causado daño en la salud mental de la víctima, y la condición de guarda que ejercía Funes sobre la menor. Se mencionaron dos intentos de suicidio de la víctima.
El pedido de prisión preventiva se fundamenta en que la pena mínima sería de ocho años de detención, lo que dificulta el acceso a excarcelación o beneficios. Se propuso un embargo de 600 millones de pesos para cada imputado, por considerar insuficiente el monto anterior.
Para Cárpena, se mencionaron antecedentes condenatorios, riesgo de entorpecimiento, intentos de contacto con la víctima a través de su pareja, falta de arraigo y la existencia de otra causa con peligros procesales. Para Funes, se señalaron su poder económico, notoriedad pública, capacidad para salir del país y posibilidad de ocultarse o fugarse. Se cuestionó que el juez hubiera valorado la edad del empresario para no dictar la prisión preventiva y se propuso, en su defecto, arresto domiciliario con tobillera electrónica.