Un plenario de comisiones ya realizó tres reuniones informativas y ahora comenzará la discusión del dictamen que se tratará en el recinto de sesiones.
Buenos Aires, 21 de mayo (NA).— El Senado buscará dictaminar en los próximos días sobre el proyecto de reforma de salud mental que tiene como puntos centrales autorizar las internaciones “no voluntarias” e incorporar a las adicciones a las drogas como una enfermedad de salud mental.
La Libertad Avanza tiene decidido avanzar con la firma del despacho en la próxima reunión del plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, que presiden las senadoras Ivana Arrascaeta y Nadia Márquez, tras concluir ayer la tercera ronda de consultas, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
En la ocasión expusieron profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, especialistas, familiares y organizaciones sociales que trabajan diariamente acompañando situaciones críticas vinculadas a consumos problemáticos, adicciones, suicidio y salud mental.
Uno de los puntos que divide las posturas es la internación “no voluntaria” que plantea el proyecto, así como la obligación de que cualquier diagnóstico deba contar con la opinión de un psiquiatra.
Ante las críticas del peronismo a la iniciativa oficial y al sistema de salud, la senadora Márquez afirmó que “todas las emergencias aparecen ahora, en el gobierno del presidente Javier Milei”. Agregó que “en este gobierno, la Salud Mental es una problemática que abordamos y acompañamos para dar una respuesta seria e integral”. También sostuvo que “durante los cuatro años anteriores del presidente Fernández no había emergencias. Fajaban a la primera dama, pero emergencias no había de ningún tipo, tampoco específicamente en esta temática”.
La senadora remarcó la necesidad de actualizar una ley que presenta dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves, ya que “la salud mental no puede seguir esperando”. Sostuvo que el objetivo de la reforma es “dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias”.
La exdiputada de la Coalición Cívica y experta en salud mental, Marcela Campagnoli, afirmó que “una ley más allá de sus buenas intenciones debe medirse también por sus buenos efectos” y que la actual norma “significó un avance importante en derechos humanos, pero con los años mostró límites concretos”. Advirtió que “detrás de cada vacío legal hay familias destruidas, madres agotadas, pacientes que podrían haberse salvado antes si el sistema hubiera llegado antes”.
Por su parte, Soledad Cottone, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, expresó su rechazo al proyecto del Gobierno, en particular al requisito de incorporar obligatoriamente a un psiquiatra en los equipos interdisciplinarios. Declaró que “los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo; la modificación introduce una jerarquización normativa que no existe en la formación de grado. Reducir la firma habilitante al psiquiatra implica una descalificación injustificada de nuestra formación y un retroceso de la psicología como disciplina autónoma”.
El abogado Vadim Mischanchuk, especializado en salud y defensa médica, sostuvo que hay que cambiar la ley actual porque la palabra ‘inminente’ ha dificultado desde 2010 la posibilidad de internar a una persona. Dijo que “esto debe modificarse sí o sí” y que “la ley vigente ha demonizado los hospitales de salud mental”.
En tanto, la acompañante terapéutica y representante de Madres Territoriales de Chivilcoy, Stella Maris Garaventa, afirmó que con su organización son “las que van a sostener y apoyar a las mamás de los chicos que están en consumo; en Provincia no hay nada, es todo mentira”. Agregó que “esta es una ley asesina porque condena a nuestros hijos al cementerio. Si se habla de estadísticas, están en las lápidas de los cementerios, y con las edades de los chicos que están ahí, y en la superpoblación de las cárceles”. Señaló que “la internación involuntaria debe tomarse con un derecho a la vida”.
Puntos principales del proyecto
- Rol médico: El proyecto da un rol central a la mirada técnico-médica (psiquiatras) sobre el enfoque interdisciplinario actual.
- Dispone que la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, y pone como requisito la presencia obligatoria del médico psiquiatra.
- Tendrá mayor peso la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que no sucedía en la legislación vigente.
- Mantiene que la internación es un recurso excepcional, pero permite las internaciones no voluntarias, que en la anterior ley era una situación contemplada en casos extremos.
- Las internaciones no voluntarias solo se permitirán en “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
- El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación.