El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para evitar la paralización del organismo clave en causas por apropiación de niños durante la dictadura, ante la crisis presupuestaria denunciada por sus autoridades.
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla ordenó este jueves al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), al advertir que la crisis presupuestaria denunciada por sus autoridades pone en riesgo la preservación de pruebas genéticas clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura militar.
La decisión fue adoptada en el marco de una investigación por posible supresión de identidad de una persona nacida durante el terrorismo de Estado, pero el magistrado dispuso además que la resolución se incorpore a todas las causas similares que tramitan ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata. En la medida cautelar, Ramos Padilla le ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que disponga de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del BNDG, incluyendo la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos.
El planteo que derivó en la intervención judicial fue presentado por fiscales especializados en delitos de lesa humanidad y apropiación de menores, quienes sostuvieron que la situación presupuestaria del organismo amenaza con afectar la producción de pericias genéticas indispensables para esas causas. La presentación se apoyó en informes de la directora general técnica del BNDG, que describió un escenario de extrema criticidad presupuestaria, con restricciones en recursos humanos y materiales, suspensión de viajes para toma de muestras y dificultades para sostener servicios esenciales como vigilancia, limpieza, mantenimiento edilicio y seguridad informática.
El magistrado consideró acreditados los requisitos legales para dictar una medida urgente contra el Estado nacional, y definió al BNDG como un organismo técnico esencial e irremplazable, destacando que las pericias allí realizadas constituyeron históricamente una herramienta central para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad. En la resolución, también ordenó que el Poder Ejecutivo garantice la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas y las condiciones de higiene y seguridad física e informática.
Además, el juez requirió informes al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y al propio BNDG para que informen, en un plazo de cinco días, si el organismo está en condiciones de continuar cumpliendo adecuadamente sus funciones legales y los requerimientos judiciales vinculados a causas por apropiación de menores durante el último gobierno militar.