El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad. Se basa en auditorías que detectaron irregularidades, aunque no se detallaron los resultados. Estas son las claves del debate.
El proyecto de ley “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, enviado por el Ejecutivo al Congreso, afirma que las auditorías identificaron “un conjunto significativo de irregularidades en la percepción de dichas prestaciones”. Sobre esa base se sostiene todo el documento, que entre otras cosas modifica la Ley de Emergencia en discapacidad. Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Discapacidad y el Ministerio de Salud no brindaron detalles sobre los resultados de esas verificaciones.
1. Solo el 20% de las personas con discapacidad cobra una pensión
El proyecto señala que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones tuvo un crecimiento exponencial. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ese incremento se explica en gran parte porque hasta 2003 regía un sistema de “alta por baja”. Datos oficiales indican que a marzo de este año, 1.148.484 personas cobraban una pensión no contributiva por invalidez, lo que representa el 20% de las personas con discapacidad del país.
2. Un 6% del presupuesto ejecutado en atención médica
El proyecto modifica el artículo 4 de la Ley de Emergencia. Elimina la obligación de abonar montos adeudados a prestadores y reduce el alcance del financiamiento para programas de inclusión y atención médica. A abril de este año, el Gobierno ejecutó solo un 6% de los recursos previstos para la atención médica de beneficiarios de pensiones no contributivas, lo que genera atrasos en pagos y riesgo de cierre de instituciones.
3. Auditorías por $23 mil millones
El proyecto introduce la posibilidad de suspensiones preventivas mediante el cruce de datos entre Anses y ARCA, y un reempadronamiento. De enero a octubre de 2025, se gastaron $23 mil millones en cartas documento para auditorías, de las cuales el 50% no llegaron a destino, según denunció ACIJ.
4. Eliminación de nomencladores universales
La iniciativa prevé eliminar los nomencladores con valores universales por prestación. Organizaciones advierten que esto podría afectar el acceso a apoyos esenciales en todo el país, ya que el nomenclador garantiza un piso común independientemente de la obra social o prepaga.
5. Voces en contra y defensa del proyecto
Activistas y representantes de organizaciones de discapacidad critican el proyecto por considerar que estigmatiza a los beneficiarios. “Llamar a esta ley ‘contra el fraude’ es violencia institucional”, señaló Gabriela Bruno, del Partido Socialista. Por su parte, el Gobierno defiende la medida como necesaria para combatir irregularidades y optimizar recursos.