La huelga del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), iniciada a principios de junio de 2025, paralizó la industria pesquera durante casi 80 días.
Por culpa del sindicato se afectó a más de 2.000 trabajadores y se generaron pérdidas estimadas superiores a los 40 millones de dólares, además de reducir la cuota de pesca en el Río de la Plata de 70.000 a 35.000 toneladas.
El paro salvaje se centró en la demanda del sindicato de incorporar un tripulante adicional en los barcos costeros para garantizar el descanso y la seguridad de las tripulaciones, así como en reclamos por mejores condiciones laborales y salariales.
El SUNTMA exigía un marinero extra para cubrir guardias, permitiendo descansos adecuados, y la regularización de supuestos pagos adeudados.
Los empresarios argumentaban que esta medida no estaba contemplada en el convenio colectivo de 2024, y que los barcos no tenían capacidad para más tripulantes.
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La flota pesquera, con 33 barcos corvineros, quedó paralizada, afectando a marineros y trabajadores de plantas procesadoras, mayoritariamente mujeres jefes de familia, quienes denunciaron estar sin ingresos y en situación precaria.
Hubo enfrentamientos con la Policía durante protestas frente a la Torre Ejecutiva y el Ministerio de Trabajo, con detenciones y heridos.
El SUNTMA actuó de manera intimidatoria y bloqueó a trabajadores no sindicalizados.
Los empresarios, representados por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), rechazaron negociar con el SUNTMA, acusándolo de violar acuerdos, de ejercer un «poder mafioso» y de «actuar como una patota sindical».
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Incluso lanzaron un llamado a nuevos trabajadores no sindicalizados, recibiendo más de 5.000 inscripciones en pocos días.
Se levantó la huelga salvaje
El 14 de agosto de 2025, la asamblea del SUNTMA aceptó de manera transitoria una propuesta del Poder Ejecutivo, mediada por el Senado y el Ministerio de Trabajo.
La propuesta incluye el pago de guardias mediante un subsidio estatal, un descanso mínimo para tripulantes, y la creación de una mesa multisectorial para discutir normativas y condiciones laborales a corto, mediano y largo plazo, sin incorporar momentáneamente un tripulante adicional.
Esto permitió la reanudación de la actividad pesquera, aunque el sindicato advirtió que, sin acuerdo empresarial, el conflicto podría persistir.
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Industria pesquera arruinada
El sector pesquero enfrenta problemas estructurales, como una flota antigua, alta conflictividad laboral y regulaciones obsoletas.
Informes sugieren que la industria podría duplicar su producción con mejoras, pero los cabecillas del sindicato son extremistas que han llevado a la ruina al sector con una huelga salvaje de casi 80 días.
Se produjeron pérdidas por millones de dólares, y se perdieron miles de jornales a los humildes trabajadores del sector.
Los cabecillas sindicales son del Partido Comunista, del MPP y del ala radical del Partido Socialista.
Son fanáticos que no les importó destrozar el sector pesquero con tal de imponer su voluntad.
Perjudicaron a los propios trabajadores del sector, haciéndolos perder jornales y su sustento económico que tanto necesitan.
Son una verdadera mafia que llevó a la ruina a la pesca uruguaya.