La Cámara Federal de Casación Penal decidirá, tras la feria judicial que termina el lunes, si el tribunal Oral Federal de Santa Cruz es competente para realizar el histórico juicio oral contra miembros de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017 y dejó 44 muertos, o le corresponde a las jurisdicciones de Comodoro Py o de Mar del Plata.
La decisión clave la tomará la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Una vez que Casación decida la competencia, se le pondrá fecha al juicio por la peor tragedia que sufrió la Armada, después de la guerra de Malvinas, contaron a Clarín fuentes judiciales.
Sucede que la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez cerró la instrucción del caso y lo elevó a juicio oral y público. Por distrito judicial le competería al Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, pero algunas de las defensas objetaron esa decisión por encontrarse la mayoría de los testigos en Buenos Aires o Mar del Plata y porque las decisiones sobre la misión se tomaron en Buenos Aires. Además, se pedirán espacios a universidades de Río Gallegos porque el TOF de Río Gallegos no podría albergar a todas las partes y querellantes, en sus instalaciones.
En las defensas argumentaron que la mayoría de testigos viven en Buenos Aires al igual que los abogados defensores y querellantes y por eso solicitaron la competencia de tribunales orales de Comodoro Py.
Y el fiscal del caso pidió Mar del Plata porque es donde viven la mayoría de los familiares de las víctimas y donde tenía su base el San Juan. Además, las defensas argumentan que “el hundimiento se produjo fuera de la jurisdicción de Río Gallegos. Además, haya una cuestión logística Río Gallegos “tiene el aeropuerto cerrado hasta fin de año”.
Un abogado de las defensas reseñó: «Todos los registros y archivos de órdenes, auditorías e informes están en Buenos Aires y las órdenes iniciales partieron de ahí, por eso es CABA la jurisdicción más atinada, además de ser la que más a mano tienen todos los defensores y querellantes».
“Hacer el juicio oral en Río Gallegos va a aumentar los costos de todas las partes“, dijo una fuente que conoce el caso a Clarín.
El juicio oral será contra el excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.
La jueza Yañez los acusó de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de la muerte aunque cómo no se pudo llegar hasta los restos del submarino, encontrados casi un año después, no se puede peritar las causas del naufragio hasta ahora.
El navío fue encontrado el 16 de noviembre, a 900 metros de profundidad, muy cerca del lugar donde se perdió contacto cuando viajaba en una misión desde Ushuaia a su base en Mar del Plata, a unos 505 kilómetros del litoral marítimo argentino, en línea perpendicular a la costa de Caleta Olivia, ubicada en el extremo norte de Santa Cruz.
El fallo sobre la competencia del tribunal de Río Gallegos fue firmado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
“La competencia de este Tribunal resulta indudable por razones netamente jurídicas. Dicho criterio no puede ser conmovido por aspectos extrajurídicos, por cuanto la competencia de un Tribunal es de orden público”, escribió Reynaldi al votar el rechazo a la excepción de incompetencia territorial.
Por su parte, el juez Giménez compartió las consideraciones de Reynaldi y adhirió a su resolución.En tanto, el juez Baronetto también adhirió al voto y sostuvo que no se acreditaron maniobras de Forum Shopping (elegir al juez amigo) para direccionar la causa hacia Caleta Olivia, sino que fue la propia Armada la que radicó la denuncia en ese juzgado.
Si bien el hundimiento del ARA San Juan ocurrió a más de 250 millas náuticas de la costa, en aguas internacionales, el Tribunal Oral recordó que los buques de guerra son considerados territorio nacional, conforme a la Convención del Derecho del Mar.
Además, los jueces adelantaron que si bien muchas de las personas involucradas (testigos, familiares y abogados) residen en Buenos Aires, podrán declarar por Zoom.
“Los testigos podrán declarar en forma virtual o remota, pero también las partes tendrán la posibilidad de afrontar los gastos de aquellos testigos cuya presencia estimen necesaria. También puede procederse a la incorporación por lectura de los testimonios recibidos en Instrucción”, dice el fallo.
Luego rechazando el argumento de defensa e incluso algunos querellantes, señalaron que “no tiene mayor autoridad que las decisiones para navegar del ARA SJ se hayan tomado en CABA o en Mar del Plata. Serían tales decisiones las presuntas violaciones al deber de cuidado. Lo importante es que el resultado habría acontecido en la jurisdicción de competencia de este Tribunal”.
Los jueces resaltaron que luego del hallazgo del submarino en 2018, una vez conocida su ubicación, nadie objetó la competencia territorial de la justicia federal de Santa Cruz hasta ahora.
“La competencia del Juzgado Federal de Caleta Olivia, fue ratificada por todas las partes en todas las instancias pertinentes. El Ministerio de Defensa, la propia Armada Argentina realizó la denuncia en dicha jurisdicción, validando el anclaje territorial desde el inicio”, reseñó el fallo. “Trasladar la causa a otra jurisdicción a esta altura del proceso, y con el peligro que implica dicho cambio, implica una revictimización directa de los familiares”, finalizaron los jueces.