Tech Security: el Banco Nación recurrirá a la Oficina Anticorrupción por el contrato con la empresa ligada a los Menem

En medio del escándalo generado por la contratación del Banco Nación de la empresa de seguridad Tech Security S.R.L., ligada a la familia Menem y con un contrato de casi 4 mil millones de pesos, la entidad bancaria publica anunció este viernes que requerirá la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA), como una forma de dar seriedad al tema, que la oposición consideró «un negocio de la casta que nos gobierna». Los Menem, se sabe, son parte fundamental de la estructura política montada por Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei, y el propio titular de Diputados, Martín Menem, integró la firma hasta diciembre del año pasado. El contrato, que como dijimos asciende a casi 4.000 millones de pesos, contempla un servicio de vigilancia por dos años, con opción a prórroga, pero el Gobierno sintió el reclamo opositor y quedó en el centro de la escena por posibles vínculos que podrían comprometer la transparencia del proceso.

El procedimiento licitatorio, según revelaron fuentes cercanas a la entidad financiera, ya había despertado inquietudes debido a la relación directa del funcionario con la compañía adjudicataria. Tech Security, una empresa fundada por los hermanos Menem, y hasta su desembarco en la política nacional, Martín figuraba como socio. El 15 de diciembre de 2023, le transfirió 19 cuotas sociales a su hermano Adrián, lo que dejó la titularidad repartida entre él, Nicolás Menem y Pablo Vásquez, quien conserva la mayoría del capital.

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Desde la entidad bancaria confirmaron a LN que, en los registros licitatorios, la empresa presentó correctamente la declaración jurada de intereses, un requisito legal desde 2017 que obliga a los oferentes a informar cualquier lazo con funcionarios del Ejecutivo. No obstante, la OA aclaró que su competencia no abarca al Poder Legislativo, por lo que cualquier análisis sobre la conducta del diputado debería ser realizado por el Congreso o el Poder Judicial.

Silencio oficial y defensa del Ejecutivo

Consultado sobre el tema durante su habitual conferencia, el vocero presidencial Manuel Adorni desestimó las sospechas. Aseguró que no había detectado irregularidades en la preadjudicación y acusó a algunos sectores de generar “operaciones periodísticas sin demasiada relevancia”.

El comentario surgió tras una publicación del periodista Manu Jove, quien difundió la norma que regula las licitaciones y las declaraciones juradas de interés. El objetivo de esa normativa es justamente evitar conflictos o favoritismos en contrataciones públicas que involucren a parientes o socios de funcionarios.

Antecedentes de Tech Security y vínculos con el Estado

No es la primera vez que Tech Security SRL presta servicios para el Banco Nación. Ya lo había hecho anteriormente bajo contratos anuales con posibilidad de renovación. Su presencia en instituciones públicas y privadas es amplia: trabaja en clubes de fútbol como Racing, Rosario Central y River Plate, y también en la AFA, además de brindar seguridad en barrios privados como el country Septiembre.

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Según el portal oficial Compr.Ar, en los últimos dos años la firma también resultó adjudicataria de tres contratos con el Estado nacional. El primero, para vigilancia en dependencias de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), por más de $37 millones. El segundo, por $56 millones, para un servicio integral en museos del interior del país. Y el último, en 2023, fue por $30 millones, también para vigilancia privada en la SRT.

La lupa sobre los vínculos familiares

Aunque formalmente Martín Menem se desvinculó de la empresa antes de asumir su banca, la cercanía temporal entre su salida y la licitación genera ruido político. La pregunta que sobrevuela es si, aun fuera de la estructura societaria, su apellido y su actual posición institucional pudieron influir o no en la decisión de adjudicar el contrato.

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El hecho de que la OA se involucre ahora no implica una denuncia penal, pero sí marca una señal de advertencia institucional. Las declaraciones desde el Ejecutivo intentan minimizar el impacto, aunque la continuidad del tema en la agenda pública y política parece asegurada.

DCQ

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